El decreto para prorrogar de los contratos de alquiler cayó en saco roto el pasado 28 de abril, cuando la mayoría parlamentaria, encarnada en el PP, Vox y Junts per Catalunya, decidió tumbar el texto para congelar el precio de los contratos de arrendamiento y prolongar su duración como medida paliativa a la situación de la vivienda. Desde entonces, las conversaciones han continuado para reflotarlo, con Sumar insistiendo en volver a llevarlo al Consejo de Ministros, de donde salió originalmente después de que los magentas le rascaran el texto al PSOE para separarlo del decreto anticrisis contra la guerra en Irán. Junts es uno de los partidos con los que el Ejecutivo se ha sentado a negociar, pero la distancia ideológica ha provocado que haya que hacer ciertas concesiones, como bonificar a los hipotecados o a los caseros.
La llave de este texto legal la tiene, y la lleva tiempo teniendo, la formación de Carles Puigdemont. Los neoconvergentes ya estuvieron negociando con los magentas, pero la tercera pata del acuerdo es el Ministerio de Vivienda, en manos de la socialista Isabel Rodríguez. Esta semana, en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas, todos han salido a declarar sobre el tema en una batalla por la opinión pública cada vez más encarnizada. Aunar posturas no es tan sencillo, y está por ver si todos los intereses se alinean en un punto de convergencia común. La receta del socio mayoritario del Gobierno para conseguirlo, por ahora, ha sido recordarle a los independentistas que no se olvida de los caseros.
Barriendo para casa
Cada partido barre para casa. Sumar quiere conseguir la prórroga obligatoria de alquileres para que los 2,7 millones de personas beneficiadas por el texto mantengan su contrato al mismo precio por un plazo de tres años. Junts defiende bonificar fiscalmente las hipotecas. El PSOE, incentivar a los caseros que cumplan y no suban la renta y, por contra, penalizar en la declaración de la renta a quienes tomen el sendero contrario. Estas posturas parecen encontrar un punto común en la redacción de un nuevo decreto que contemple estas tres posibilidades. En una entrevista con la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la ministra Rodríguez declaró que las medidas fiscales que reclama Junts abren una oportunidad para lograr en el Congreso un acuerdo que permita bajar los precios de la vivienda. Al día siguiente, los neoconvergentes manifestaban su disposición a tramitar un nuevo real decreto si incluye su propuesta. Los de Yolanda Díaz, por su parte, han optado por moderar sus intervenciones y han pasado de oponerse diametralmente a bonificar a los caseros a aceptarlo como un mal menor dentro del éxito que supondría conseguir aprobar el texto.
Por su parte, Vivienda ha transmitido a los de Puigdemont su disposición a avanzar en una posible bonificación a las hipotecas. Del otro lado, para un partido neoliberal y conservador como Junts, no debería resultar muy difícil aceptar la bonificación a propietarios que renuncien a subir la renta que se propone desde la bancada socialista. El partido del que Míriam Nogueras es portavoz paralmentaria ya presentó el pasado 15 de abril una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para aplicar lo que para ellos eran medidas urgentes en materia de vivienda, especialmente relacionadas con la adopción de medidas fiscales complementarias para incentivar la compra de vivienda. Entre las propuestas de Junts, se encuentran "crear una deducción que los contribuyentes podrán aplicar a las cantidades satisfechas durante el período impositivo en concepto de adquisición de la vivienda habitual, así como por amortización, intereses y gastos derivados de préstamos hipotecarios formalizados a tal fin, incluidas las viviendas destinadas a arrendamiento como vivienda habitual". En total, proponen que la deducción sea del 15% de las cantidades satisfechas durante el período impositivo, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente, y que contemple tanto el capital aportado como intereses, primas de seguros vinculadas obligatoriamente al préstamo y otros gastos asociados a la financiación.
Esta propuesta puede ser bien recibida por el PSOE, en tanto que los socialistas ya contaban en su programa electoral con la idea de crear, en coordinación con los bancos, una cuenta de ahorro para la compra de la primera vivienda y que tanto los rendimientos que genere como las aportaciones anuales estuvieran exentos de tributación en el IRPF, con un límite anual de 2.000 euros y un total de 30.000 euros. El punto de acuerdo existe en este caso, pero también existen ciertos matices: mientras que el PSOE abogaba por aplicar estos beneficios sobre la primera vivienda, los juntaires se referían a todas las hipotecas. Aquí existe un claro choque ideológico con la concepción de los grandes tenedores.
Los socialistas limitaban su medida a la primera vivienda y jóvenes hasta 39 años, conscientes de si no se aplicaba un coto a estas propuestas, podían terminar fomentando la acumulación de capital inmobiliario y la subida de precios. Los neoconvergentes, por el contrario, defienden en su propuesta que puedan beneficiarse de esta deducción particulares que tengan varios préstamos o que compren la vivienda para destinarla a alquiler residencial.
Así las cosas, las conversaciones se centran ahora en confeccionar un texto final que satisfaga a todas las partes; socialistas, magentas y catalanes, después de la primera derrota del pasado 28 de abril.
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