Es una vergüenza política que debería sonrojarnos a todos ver cómo en la Comunidad de Madrid un bombero forestal arriesga la vida por poco más del salario mínimo y con un convenio caducado desde hace 17 años . Y más aún cuando hablamos de quienes son la primera línea de defensa frente a los incendios, la pérdida de biodiversidad y el avance del cambio climático. Cada verano, y cada vez con más frecuencia en primavera y otoño, estos profesionales sostienen con su esfuerzo lo que la Administración deja caer con su desidia.
Hablamos de sueldos que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional y de una pérdida de poder adquisitivo de más del 34%. De que no se les reconocen pluses por peligrosidad, penosidad o toxicidad, aunque respiren humos cargados de partículas cancerígenas. De que cuatro de cada diez solo tienen empleo unos meses al año, como si el riesgo desapareciera con el fin del verano.
Para más indignación, la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales, sigue sin aplicarse en Madrid. Esa norma reconoce la categoría profesional, abre la puerta a la jubilación anticipada mediante la inclusión de coeficientes reductores y da un marco digno para su trabajo. Aquí, sencillamente, no se ha querido poner en marcha.
Las condiciones materiales son igual de preocupantes: bases sin zonas de descontaminación, instalaciones deterioradas y un régimen de disponibilidad de hasta 800 horas extra anuales sin compensación. Es decir, siempre localizables, siempre dispuestos… y siempre infravalorados. Podríamos decir que se habla de ellos como héroes, pero sería más justo reconocerles como abandonados por la Comunidad de Madrid que, a través de la presidenta Ayuso, una vez concluidas sus vacaciones en Miami, en un ejemplo de cinismo repugnante y con el batiburrillo verborreico al que nos tiene acostumbrados, lo mismo manifiesta su apoyo a las reivindicaciones de los bomberos forestales (sin mover un dedo para que esas reivindicaciones se puedan hacer efectivas obviando que es su responsabilidad) que los descalifica por verse forzados a una huelga que considera “política”.
Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley que reclama medidas urgentes y concretas: desde la renovación inmediata del convenio colectivo con una revisión salarial que compense más de una década de pérdida de poder adquisitivo, hasta el reconocimiento y pago de los pluses que les corresponden por el riesgo que asumen. La propuesta exige también la reducción drástica de la temporalidad, transformando contratos de temporada en empleos estables todo el año; la aplicación inmediata de la Ley 5/2024 para garantizar su encuadramiento profesional y la jubilación anticipada; y la reforma integral de bases y centros de trabajo para dotarlos de zonas de descontaminación y condiciones higiénicas y seguras.
Así mismo, se plantea la revisión del Plan INFOMA para incluir municipios hoy excluidos y la creación de una mesa de negociación con participación del Gobierno regional, Tragsa (adjudicataria del servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid) y la representación de los trabajadores, con calendario y compromisos vinculantes para la mejora integral del servicio.
En este marco se reclama la subrogación de todo el personal que presta sus servicios en prevención y extinción con la empresa Tragsa, como trabajadores de la Comunidad de Madrid, con pleno reconocimiento de la categoría de Bombero Forestal, dotándoles de medios materiales suficientes y equiparando sus retribuciones y condiciones laborales al Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
La PNL también recoge la necesidad de aplicar de manera inmediata la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales, para garantizar derechos y funciones de todo el cuerpo de Agentes Forestales, convocando de forma urgente los procesos selectivos para cubrir todas las plazas vacantes y elaborando un plan que asegure Oficinas Comarcales dignas para el desempeño de sus funciones.
No estamos hablando de un capricho ni de una carta a los Reyes Magos. Hablamos de lo mínimo que necesita un cuerpo esencial para la seguridad ciudadana y la protección de nuestro patrimonio natural.
Los bomberos forestales advierten de que, sin una actuación inmediata, la Comunidad de Madrid se arriesga a afrontar las campañas de incendios con un servicio debilitado, poniendo en peligro tanto los ecosistemas como la seguridad de la población.
Si el Gobierno regional sigue mirando hacia otro lado, no podrá escudarse en el azar o el cambio climático cuando llegue el próximo gran incendio. Tampoco en su consabido, sectario y poco interesante para las madrileñas y los madrileños afán de permanente confrontación con el Gobierno de España. Será su inacción la que nos haya dejado indefensos.
Porque los incendios no esperan. Y los bomberos forestales tampoco deberían seguir esperando.