La noticia que este lunes publicaba El Confidencial provocaba la reacción del ministro de Justicia en sus redes sociales. Según la información que daba a conocer el diario digital, Leire Díez trabajó, presuntamente, en un borrador del plan del Gobierno de Pedro Sánchez para reformar la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación. Así lo exponía el medio de comunicación, señalando que la UCO intervino a Díez un cuaderno en el que pudo hallarse una hoja con artículos de la nueva norma en el que se indicaba "solución a las difamaciones y acusaciones falsas".
Según señala El Confidencial en su noticia, en el sumario del caso puede hallarse que, para esta ley que se buscaba impulsar, Leire Díez redactó varias propuestas que incluían actuaciones severas contra medios díscolos y sus fuentes de información, poniendo sobre la mesa duras indemnizaciones económicas. El diario digital apunta que Díez proponía que quien "publicara información económica de persona física o jurídica que no se ajuste a la realidad tendrá que compensar al difamado con una cantidad resultante de multiplicar la información publicada por un factor de 20".
Desde El Confidencial hacen mención a que esta la reforma de esta ley fue impulsada Félix Bolaños. Ante el contenido de esta noticia, el ministro de Justicia salía a sus redes sociales para negar hasta tres hechos mencionados en la información publicada por este medio de comunicación. Así, sobre Leire Díez y su presunta participación en reforma de esta normativa, Bolaños subrayaba en la red social 'X' que "no, nunca tuvo ningún borrador con los que trabajamos para hacer la Ley... No, el texto que publica la noticia no se incorporó nunca ni al anteproyecto ni al proyecto de ley... No, la persona a la que se refiere la información no participó en absoluto en la elaboración de esa ley".
La información publicada por El Confidencial sitúa el origen de esta controversia en el denominado Plan de Acción Democrática, presentado por el Gobierno en septiembre de 2024 y concebido como un paquete de medidas relacionadas con la transparencia informativa, la regulación de la publicidad institucional y la protección del ejercicio periodístico. Entre las iniciativas incluidas en ese marco se encontraba la reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación, impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Según la documentación citada por el diario digital, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló entre los efectos intervenidos a Leire Díez un documento titulado "solución a las difamaciones y acusaciones falsas". En ese texto aparecerían una serie de propuestas vinculadas a una posible modificación de la normativa sobre rectificación y responsabilidad derivada de determinadas informaciones publicadas.
Entre las medidas recogidas en ese borrador, siempre según la información publicada por El Confidencial, figuraban mecanismos de compensación económica para los afectados por informaciones que posteriormente pudieran considerarse inexactas. Asimismo, el documento hacía referencia a supuestos relacionados con publicaciones sobre delitos económicos y contemplaba también posibles consecuencias para funcionarios públicos que intervinieran en procedimientos de esta naturaleza.
La reforma del Derecho de Rectificación fue aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero y desde entonces permanece en fase de tramitación parlamentaria. El texto ha visto ampliado en varias ocasiones el plazo de presentación de enmiendas, mientras los grupos continúan negociando su contenido definitivo antes de que pueda avanzar en las Cortes.
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