El nuevo abogado de Begoña Gómez ha remitido un escrito reclamando la absolución de la mujer del presidente del Gobierno, considerando que los hechos por los que se le investigan "no son constitutivos de delito alguno" y que la causa abierta contra ella no debería de llegar a juicio. Tal y como ha podido conocer ElPlural.com tras acceder al documento trasladado al juez, Gómez y su defensa defienden que la posición de Cristina Álvarez como asesora ha sido una constante en todas las parejas de los presidentes del Gobierno de España, las cuales, según apuntan, con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”.
De hecho, para fortalecer este argumento, recuerdan en el escrito que en el libro en el que Ana Botella, esposa de José María Aznar, reúne sus memorias se puede leer cómo relata que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija. Igualmente, también indican que, si el juicio termina por celebrarse, reclamarán que se expongan durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.
Por la parte de la cátedra de la Complutense, el escrito vuelve a recordar que Begoña Gómez ya colaboraba con la institución académica antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Así, también apuntan que la mujer del presidente del Gobierno también solicitó una excendencia en su puesto de trabajo en el año 2018 para evitar que se dieran posibles situaciones de conflictos de interés y que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.
En relación con la presunta apropiación indebida de un software destinado a pequeñas empresas y vinculado a la cátedra, el abogado sostiene que la herramienta ha pertenecido en todo momento a la Universidad Complutense. Según su versión, que la marca y el dominio transformatsc.org figurasen de manera “funcional y provisional” a nombre de su representada respondió a una indicación de la propia Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad, que carecía de un procedimiento específico para gestionar el registro de dominios. El letrado añade que esta decisión buscaba, precisamente, impedir que otras personas pudieran hacerse con esos activos.
Por todo ello, la defensa de Begoña Gómez sostiene que la Universidad Complutense no sufrió ningún daño económico, dado que el desarrollo del software fue sufragado íntegramente mediante financiación de patrocinadores privados. Además, señala que, una vez finalizada la cátedra, la universidad conservó un excedente de 29.685 euros. Por este motivo, reclama que tanto la acusación popular como la propia Complutense sean condenadas al pago de las costas del procedimiento.
La asesora pide también su absolución
La petición de la defensa de Gómez llega después de que este jueves Álvarez pidiera su propia absolución de cara al juicio con jurado popular del 'caso Begoña Gómez' al asegurar que no intervino en el registro, contratación, transferencia o disposición sobre el 'software' de la Universidad Complutense de Madrid.
En el escrito de defensa, la asesora de Gómez sostiene que "asistir a una reunión informativa y recibir correos también informativos no constituye cooperación a la ejecución del registro del 'software'". En esta línea, Álvarez asegura que el registro del dominio web lo efectuó Blanca de Juan, excoordinadora de la cátedra que dirigía Gómez, sin su "intervención ni ayuda" y que después se lo transfirió a la esposa de Sánchez.
A razón de ello, la asesora de Gómez considera que los hechos "resultan absolutamente atípicos respecto del delito de malversación", a la vez que sostiene que fue De Juan quien ejecutó materialmente el registro y la transferencia del dominio y "a quien, significativamente, no se acusa". Asimismo, Álvarez añade que "en todo lo relacionado con el 'software' y con el dominio", actuó "siempre siguiendo instrucciones" de Gómez y "en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal o estuviera prohibido".
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