Son muchas las voces, incluida la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que denuncian lawfare en el caso que afecta a Begoña Gómez. Es evidente que la forma en la que el juez Juan Carlos Peinado está llevando a cabo la investigación contra la mujer del líder del Ejecutivo es, cuanto menos, discutible, pero es que la polémica empieza incluso antes de que se iniciaran las acciones del magistrado.
Se mire por dónde se mire, el modus operandi alrededor de Gómez parece que solo persigue dos objetivos: que ella termine condenada y que el Jefe de La Moncloa dimita. Además, puede interpretarse como una respuesta a otro caso mediático y en el que los hechos están mucho más claros; el del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su reconocido fraude fiscal.
A pesar del relato elaborado por la derecha política y mediática, y dejando a un lado el momento de publicación de según qué informaciones, la realidad es que la investigación por el caso Begoña Gómez ya nace atropellada, ya que la denuncia se ejecutó de manera apresurada, la puso un pseudisindicato -Manos Limpias- y llega dos meses después de la que la Fiscalía pone a la pareja de la presidenta madrileña por fraude tributario y falsedad documental.
El 13 de febrero de 2024, y después de llevar a cabo una inspección fiscal, la Fiscalía firma una denuncia por dos delitos de defraudación sobre la Hacienda Pública y un tercero de falsedad documental contra un grupo de cinco personas, entre las la que se encuentra González Amador. La cifra defraudada es de sobra conocida -350.000 euros-, como lo es que el propio empresario reconoció los hechos para tratar de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y así evitar la cárcel.
Por su parte, el caso de Begoña Gómez parte del texto de Manos Limpias a partir de recortes de prensa que el propio pseudosindicato reconoció podrían “ser ciertas o no”. Los delitos, respaldados en lo que la acusación se refiere por Vox, Hazte Oír y otras organizaciones, que se le atribuyen a la esposa de Sánchez son presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Luego el investigador de la causa fue añadiendo delitos.
El juez Peinado ha hecho desde entonces todo lo posible para encontrar algo punible en las acciones desempeñadas por Gómez y que él investiga: desde cambiar las condición de los testigos a contrarreloj hasta no entregar documentación -de manera o no intencionada- pasando por peticiones que sobre el papel escaparían a toda lógica, como una de las últimas; la de pedir todos los correos enviados y recibidos por la esposa de Sánchez desde La Moncloa a partir de 2018; algo a lo que la Fiscalía se ha opuesto en las últimas horas.
Por lo tanto, los casos entre Gómez y Amador son claramente distintos desde antes de su investigación, pero es que cada detalle que se conoce de uno y otro los aleja más entre ellos, distanciando a Gómez de haber cometido alguna irregularidad y acercando al novio de Ayuso de ser condenado.
Esta misma semana, mientras que la primera comparecía ante el magistrado Juan Carlos Peinado junto a su asesora Cristina Álvarez para defender su inocencia en cuanto a la cátedra que dirigió y sobre la que Peinado está poniendo buena parte de sus esfuerzos. Ambas dejaron claro que las funciones de la asistenta en ningún caso se excedieron de sus limitaciones profesionales y que enviar ese correo respondían a un “favor” muy excepcional. En el mail no se mostraba otra cosa que el deseo de Gómez de que Reale siguiera patrocinando esos estudios.
Alrededor de ellos, Peinado tampoco ha sido capaz de encontrar nada que pueda derivar en la imposición de una pena a Gómez. Su defensa, Antonio Camacho, recuerda que no existe un solo indicio de que su clienta incurriera en un delito de tráfico de influencias por firmar dos cartas; y si no es culpable de esto, tampoco puede serlo de malversar fondos.
De hecho, la mujer del presidente ni siquiera podría ser acusada de apropiación indebida, otro de los delitos que el juez estudio, ya que el término escogido para la cátedra -Transformación Social Competitiva- lo escogió ella personalmente antes de proponérselo a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el objetivo de emplearlo también en algunos másteres que impartía. Para que pueda haber delito, la marca debe haberse registrado previamente. El último movimiento de Peinado ha sido solicitar a la universidad los correos de la asesora de Gómez en un plazo de diez días desde la petición, el pasado miércoles.
Frente a la dificultad de encontrar algo condenable alrededor de Begoña Gómez, la investigación sobre González Amador, independientemente de cómo termine todo, es mucho más clara. Todas las informaciones que salen apuntan en la misma línea, que él mismo reconoció.
Las últimas en este sentido guardan relación con los audios de los inspectores de Hacienda que retratan la corrupción del empresario. Los audios, publicados por este periódico, evidenciarían que el compañero sentimental de la lideresa autonómica infló sus gastos con facturas falsas en los ejercicios 2020 y 2021 para pagar menos impuestos que en los cursos anteriores. Todo ello a pesar de haber elevado su facturación de una forma sorprendente por sus intermediaciones en contrataciones de material sanitario durante lo peor de la pandemia del Covid.