Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluidas Ceuta y Melilla, han lanzado un comunicado conjunto advirtiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que no intervendrán los precios del alquiler de vivienda al considerar que las políticas estatales en esta materia son “fracasadas e inoperantes”.
En un comunicado difundido este jueves, los barones autonómicos populares culpan al Ejecutivo central de posicionar la problemática de la vivienda como la segunda preocupación más acuciante para los españoles: “Con el Gobierno de Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad”, argumentan.
En aras de proponer soluciones a este problema estructural, desde el PP, se niegan al unísono a declarar en sus respectivos territorios Zonas de Mercado Tensionado y, por ende, “no intervenir los precios de los alquileres” al considerar que son políticas que “no sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios”, reiterando que desde las CC.AA “se cumple la ley”.
En dichos términos, los populares dan cuenta de su “manifiesto y rotundo rechazo” ante el Ejecutivo de Sánchez de “imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda por medio de un “reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos” que vienen condicionados por un “una ideología concreta”. A su vez, hablan de una postura de “amenaza y chantaje” esgrimida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en cuanto a los fondos autonómicos sobre esta materia.
De la misma manera, los barones autonómicos del PP reclaman a Sánchez “diálogo, planteamiento técnico riguroso y evaluación de políticas públicas” en vivienda, instando así a que “las acciones de confrontación, planteamientos extremistas e imposición ideológica” que asegura que se ejecuta desde Moncloa se “elimine del debate político en una materia tan delicada como es el acceso a la vivienda”.
Contra las políticas de Sánchez y con el foco en la ocupación
En la misma dirección, los de Alberto Núñez Feijóo sitúan como principal preocupación, dentro del marco del problema de la vivienda, el fenómeno de la ocupación, argumentando que son 78.800 viviendas las que se encuentran en una situación de este calibre: “Una cifra equiparable a Toledo o Guadalajara”. Una circunstancia sumada a la “inquiocupación”, la cual señalan que, a su vez, ha crecido “de manera alarmante en los últimos meses”.
A su vez, cargan contra la promesa y los planes del Ejecutivo de Sánchez en la construcción de nuevas viviendas públicas y sociales señalando que sus políticas “estrangulan el mercado”.
En esta legislatura, el Gobierno central anunció la puesta en marcha de 183.000 nuevos inmuebles y, pese a que los populares argumentan que “nadie sabe dónde están”, lo cierto es que 80.745 de estas ya están en fase de movilización -59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrolle, unas 14.000 más puestas a disposición por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Sareb y las 10.411 activas por el Fondo Social-.
Bajo la misma premisa, este miércoles la vicesecretaria del PP de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, desarrolló en rueda de prensa las especificaciones del plan alternativo de su grupo en materia de vivienda. De esta manera, y a falta de conocer la propuesta en su plena totalidad, su proyecto pasa por medidas que liberen el suelo, reducir los plazos para la construcción de nueva vivienda, eliminar parte de la burocracia y agilizar trámites administrativos; todo ello pasando por una modificación de la Ley de Vivienda estatal.
El precio de la vivienda, por las nubes
Las cifras hablan por sí solas. En el segundo trimestre de 2024 se ha alcanzado la mayor subida del precio de la vivienda en los últimos dos años, así lo reflejó este mes de septiembre el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que situó el coste un 7,8% por encima del mismo periodo en 2023.
Así, se dio cuenta de que la tasa ha llegado a crecer en un 1,1% en el caso de vivienda nueva, que se ha encarecido en un 11,2%, el mayor dato en los últimos 17 años. Asimismo, en el caso de la vivienda de segunda mano, el incremento se cifró en un 7,3%.
Una realidad desigual dependiendo de la comunidad autónoma en la que se sitúe el foco. El mayor incremento se focalizó así en Navarra (un 10,3% más), seguida de Aragón (9,9%), y en tercer lugar Andalucía (9,5%).