Si hace cuatro días el Gobierno de la Comunidad de Madrid, comandado por Isabel Díaz Ayuso, adelantaba su voluntad de recurrir al Tribunal Supremo el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por “vulnerar competencias autonómicas”, este domingo la presidenta madrileña ha vuelto a la carga centrando sus ataques en el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.
En esta ocasión, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la baronesa popular ha culpabilizado al líder del Ejecutivo haciéndose eco de la noticia de la violación a una menor de 14 años por parte de otro menor de 17 años frente al centro de acogida de menores no acompañados de Hortaleza. "Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Barajas cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!", ha sostenido.
El reparto de menores del Gobierno, al Supremo
Las palabras que ha sostenido este domingo Ayuso se producen cuatro días después de que la Comunidad de Madrid anunciara que recurrirá al Tribunal Supremo el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por “vulnerar competencias autonómicas”, según fuentes de Sol, que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros.
Así lo confirmaba el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico. El recurso se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.
El primero de ellos fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras diez autonomías ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”.
Por su parte, el segundo de ellos solamente lo presentó la región madrileña el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias, y cuyo informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido en las últimas horas al Consejo de Gobierno madrileño.
De forma paralela, la Comunidad de Madrid también ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio.