La respuesta de la judicatura a la queja expresada por Fernando Grande-Marlaska no ha tardado en llegar. Este mismo viernes, solo una horas después del descontento expresado por el ministro de Interior, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado, por unanimidad de todos sus miembros, respaldar a la magistrada y subrayar públicamente que actuó en consonancia con la ley y en el ejercicio de sus funciones. De manera, piden el máximo respecto para jueza, alegando que no solo no ha interferido en la seguridad nacional sino que su labor persigue reforzarla. Así, exponían que "está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales".
El acuerdo alcanzado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para defender a María Tardón Olmos, titular del Juzgado de Instrucción número tres del Tribunal Central de Instancia, llega tras la carta enviada por Fernando Grande-Marlaska a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló Doménech, en la que reprochaba la actuación de la instructora. En el escrito, el ministro de Interior transmitía su “preocupación” por la decisión de la jueza de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.
De esta manera, Marlaska argumentaba que, ante la situación de crisis que atraviesa Ceuta, “no debería ser incompatible” que un equipo policial atienda los requerimientos de la jueza Tardón y que también traslade a “sus superiores y responsables políticos” la información correspondiente a todas las circunstancias que puedan “ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”. En la carta, el titular de la cartera de Interior igualmente expresaba que, siendo él también magistrado, respeta “escrupulosamente” la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones.
En su respuesta, la Audiencia Nacional ha invocado el artículo 10 del Real Decreto 769/1987, punto que determina que las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial dependen de manera exclusiva y funcional de los jueces, tribunales o fiscales que dirigen la investigación penal. Asimismo, la Sala de Gobierno de esta institución judicial también ha hecho énfasis en el artículo 15 del mismo decreto, el cual impone a los agentes policiales la obligación de mantener una rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de las pesquisas encomendadas.
Además de todo ello, la Audiencia Nacional también agradece la firme postura de la presidenta del Tribunal Supremo en defensa de la independencia judicial y ha reclamado el máximo respeto hacia la labor de la magistrada por parte de todas las autoridades políticas.
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