La asociación Amigos de la Tierra lanzó el pasado 2 de febrero una potente campaña en redes sociales denominada #GobiernodesplastificanosYA, con la clara intención de influir en la ley de Residuos, que está actualmente en trámite parlamentario. Varias asociaciones ecologistas y alguna pseudomedioambiental, próximas a Podemos, llevan varias semanas apoyando la campaña, cuyo principal objetivo es presionar para la implantación obligatoria en España del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido como SDDR.
Este sistema de reciclaje, que requiere la adquisición de máquinas de grandes dimensiones para depositar botellas de plástico, es rechazado por el pequeño comercio y los supermercados por problemas de espacio y por su alto coste.
Como ya ha denunciado ElPlural.com, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está sufriendo una especie de ‘escrache digital’ permanente, que consiste en mencionar en los mensajes la cuenta personal de la ministra en Twitter y hacerle llegar fotos de latas y botellas que se encuentran en espacios públicos.
La ministra, de momento, ha optado por el silencio ante la mencionada campaña, y se ha negado a responder a las preguntas que le ha planteado ElPlural.com sobre este asunto.
Mientras, la red de asociaciones sigue redoblando sus presiones contra el Gobierno con mensajes que inundan todos los días las redes sociales.
Hay una asociación pseudomedioambiental que está siendo especialmente activa en su campaña pro SDDR. Se trata de Retorna, y su director, Miguel Roset, incluso ha grabado un vídeo presionando a la ministra.
¿Qué es Retorna y quién está detrás de esta asociación?
Según la información a la que ha podido acceder este periódico, Retorna se habría financiado con fondos que le habría inyectado la multinacional noruega Tomra, el fabricante de las máquinas SDDR. De hecho, solo entre 2017 y 2019, Retorna habría recibido miles de euros para financiarse, lo que la asociación oculta deliberadamente en su página web.
Retorna habría percibido más de 400.000 euros de forma directa entre 2017 y 2019 de la multinacional Tomra, y su director general, Miguel Roset, otros 600.000 de forma indirecta, a través de Rethinking, sociedad cuyo administrador único es Miguel Roset. Según las cuentas anuales de esta compañía (cuyo nombre completo es Rethinking Together From the Grassroots Up), correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, el importe neto de la cifra de negocio de esos dos años es exactamente la misma que la cantidad de ingresos que recibió de Tomra: 150.000 euros en 2017 y 270.000 euros en 2018.
Roset ocupó un puesto directivo en Tomra antes de ser nombrado director de la asociación ecologista en 2011, si bien esa relación laboral no aparece en ninguno de sus perfiles en redes sociales. Además, hay constancia de reuniones y contactos frecuentes entre Roset y directivos noruegos y alemanes del fabricante de las máquinas.
En ámbitos del ecologismo ha llamado la atención que el responsable de una asociación verde pueda permitirse el lujo de adquirir un chalé en Pedralbes, uno de los barrios residenciales más lujosos de Barcelona. La vivienda unifamiliar, que es 100% de su propiedad, cuenta con una parcela de 343 m2, de los cuales 283 m2 son construidos. En esa zona, el precio de una vivienda unifamiliar de esas características se sitúa por encima de un millón de euros.
Este es el vídeo de Roset sobre el reciclaje:
¿Sabes qué pasa realmente con los envases tras tirarlos al contenedor amarillo? 🎥👇
— Retorna (@_Retorna) February 26, 2021
Por eso devolver las latas y las botellas a la tienda es de Ley @Teresaribera #GobiernoDesplastifícanosYA pic.twitter.com/GSpmiUssK2
ElPlural.com se ha puesto en contacto para conocer la versión de Retorna y Miguel Roset sobre lo aquí expuesto, sin obtener hasta el momento respuesta.
Apoyo de Podemos
Finalmente, la campaña de presión cuenta como altavoz con representantes de Unidas Podemos, socios del PSOE en el actual Gobierno.
Juantxo López Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Parlamento, ha apoyado púbicamente en más de ocasión la implantación obligatoria en España del SDDR. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado sobre la opacidad y falta de transparencia que rodea a varias de las asociaciones que apoyan este sistema y que están integradas en la Alianza Residuo Cero.
