En los últimos años, el modelo de financiación autonómica ha sido uno de los asuntos que más polémica y debate ha provocado en torno al Ejecutivo nacional. Los cambios planteados y las novedades introducidas en el mismo han sido especialmente criticadas por parte del Partido Popular. El PP lo ha rechazado de manera continuada cargando contra el Gobierno de España por haber, según insistían, cedido totalmente ante los nacionalistas catalanes con tal de permanecer en el poder. Así, entre otros reproches realizados, desde esta formación política han apuntado en numerosas ocasiones que el nuevo planteamiento provocaría una severa desigualdad territorial en España que derivaría en el beneficio de algunas regiones concretas.
De hecho, a estas críticas continuadas que han realizado a las modificaciones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía impulsar en este ámbito se ha sumado, también, la negativa expresada por muchos líderes regionales del Partido Popular a acogerse al nuevo modelo de financiación, que, entre otros aspectos, planteaba la posibilidad de condonar deuda pública a las comunidades autónomas.
No obstante, a pesar de la campaña de denuncias públicas que el Gobierno de España ha recibido por parte del PP y de Vox al impulsar este nuevo modelo de financiación, al que las comunidades autónomas podían acogerse voluntariamente, parece que la realidad de puertas para adentro es otra.
En la práctica, el nuevo modelo de financiación no es voluntario como tal, sino que hay determinados elementos que los Ejecutivos autonómicos eligen si acogerse o no. Es decir, el sistema base de reparto (criterios, impuestos cedidos, nivelación, etc.) es común a todos, pero opcionales son aspectos como la famosa condonación de la deuda y otros puntos de interés como los fondos extraordinarios planteados por el Gobierno de España y distintos mecanismos de financiación.
De esta manera, el PP se ha negado en bloque a acogerse en las comunidades autónomas que gobierna a estos puntos no obligatorios que el Ejecutivo nacional ofrece. Sin embargo, tal y como apuntaba el nuevo ministro de Hacienda en una entrevista concedida a Aimar Bretos en la Cadena SER, en muchos casos esta postura solo sería una fachada para varios políticos populares que, en realidad, desean poder beneficiarse de estas medidas.
Así lo subrayaba ante los micrófonos de esta radio, donde Arcadi España subrayaba algo tan llamativo como que entre los populares hay varios miembros que pedían al Gobierno de España que el nuevo modelo de financiación fuera impuesto en su totalidad. Hacía referencia a este hecho expresando que, entre los líderes regionales del PP, hay varios políticos que sí se muestran a favor de este nuevo plan, pero que no pueden ir a la contra de su partido.
De esta manera, Arcadi España señalaba a Aimar Bretos que, aunque no puede apuntar directamente a los políticos populares que le hacían esta petición, no es algo díficil de imaginar si se atiende a los ingresos adicionales que dio el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, con regiones beneficiadas con recursos mucho mayores de lo que esperaban y solicitaron.
En privado me dicen que estarían dispuestos a negociar, pero que hay unos componentes que se escapan a lo que es el interés legítimo de sus territorios.
¿Qué cambios introduce el nuevo modelo de financiación?
El nuevo modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno liderado por el PSOE introduce una serie de cambios orientados a actualizar un sistema que lleva años sin reformarse y que muchas comunidades consideran desfasado.
En primer lugar, plantea un aumento significativo de los recursos totales destinados a las comunidades autónomas. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad, educación y atención a la dependencia, cuyo coste ha crecido en los últimos años debido al envejecimiento de la población y a nuevas demandas sociales.
Un segundo elemento clave es la mayor cesión de impuestos estatales, como el IRPF y el IVA. Esto permitiría a las comunidades contar con más ingresos propios y, por tanto, con mayor autonomía financiera. A cambio, también se refuerza la idea de corresponsabilidad fiscal: cada territorio tendría más margen de decisión, pero también más responsabilidad sobre su gestión.
El modelo introduce además un nuevo cálculo de la “población ajustada”, que no se basa solo en el número de habitantes, sino también en factores como la edad, la dispersión geográfica o el coste efectivo de prestar servicios públicos. Con ello se busca un reparto más realista y adaptado a las necesidades de cada comunidad.
Asimismo, se refuerzan los mecanismos de solidaridad interterritorial, mediante sistemas de nivelación que pretenden reducir desigualdades y asegurar un nivel similar de servicios públicos en todo el país.
Por último, se incorporan fondos específicos, como los vinculados a la transición ecológica, y mejoras en la gestión del sistema para hacerlo más transparente y eficiente. En conjunto, el modelo combina más financiación, mayor autonomía y un enfoque más equitativo.