El Partido Popular ha pedido cárcel para InfoLibre y la periodista, Alicia Gutiérrez, tras publicar el supuesto cohecho que habían realizado el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Los populares presentaron una denuncia contra el medio de comunicación, acusándoles de delito de “revelación de secretos”, con una petición que podría alcanzar una pena de cárcel de hasta cinco años. Sobre ello se han pronunciado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

En un comunicado, la FAFE ha asegurado que asume y respalda la opinión de la APM en respaldo de la periodista y el medio de comunicación frente a la denuncia del Partido Popular. Así, la APM considera que “la información en la que se daba cuenta del cruce de mensajes de WhatsApp entre García Egea, López Miras y Andrés Torrente, secretario general de Salud de Murcia, con el objetivo de facilitar un supuesto trato de favor a un familiar del primero para ser sometido a una intervención quirúrgica, es de interés público y no ha sido desmentida con datos por parte de los denunciantes”.

Además, señala que la jurisprudencia ha determinado en varias ocasiones que, si la información es veraz, ha sido contrastada y resulta de interés público, prevale sobre otros derechos. Respecto a Alicia Gutiérrez, se recalca que “no violó el secreto de las comunicaciones entre García Egea, López Miras y Torrente, sino que, en el ejercicio de su actividad periodística, tuvo acceso al intercambio de unos mensajes que consideró de interés para los ciudadanos al ser sus protagonistas personajes públicos”.

No obstante, se indica que la periodista actuó de manera profesional, respetando la intimidad de la persona a la que aludían los mensajes, y que intentó, sin éxito, que los afectados le facilitaran su versión de los hechos.

Finalmente, la Asociación de la Prensa de Madrid expone que considera lícita cualquier crítica a lo que escriben los periodistas, así como el recurso proporcionado a los tribunales, pero califica de inaceptable la pretensión de los dirigentes del PP de que la información sea retirada con carácter cautelar. Aún más cuando no se ha demostrado en ningún momento que no sea cierta.