Las acusaciones particulares de PSOE y Más Madrid han agotado su paciencia y pedido al juez que apremia a la Unidad Central Operativa (UCO), que 222 días después, aún no ha elaborado el informe sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
En un escrito fechado a la semana pasada, la brigada de la Guardia Civil ha reclamado al juzgado instructor que impulse el procedimiento y requiera este documento, de vital importancia para el caso de la pareja sentimental de la responsable de Sol en una pieza separada. Asimismo, esperan que se dé un empujón procesal al caso del fraude fiscal para que se enjuicie a la mayor brevedad posible.
En otro orden de cosas, los partidos progresistas subrayan que, si bien está confirmado la apertura de juicio oral contra el empresario y desestimados los recursos de apelación formulados, quedando con todo formalizados los escritos de acusación “no consta que por las defensas se hayan presentado los correspondientes escritos de defensa, a pesar de todo el tiempo transcurrido”.
Esta situación, alegan las acusaciones, “está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación”, por lo que exigen que se adopten “las resoluciones que correspondan” para que el proceso pueda continuar su curso.
“En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento (…) se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras de salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, señalan.
Siete meses de espera
Pasan siete meses desde que la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid pidiera a los agentes el mencionado informe. Hay que retroceder hasta el pasado mes de junio, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la UCO de Antonio Balas la elaboración del informe mencionado sobre el perfil del empresario investigado en relación con la segunda causa judicial que pesa sobre él: presunta corrupción en los negocios y administración desleal.
En su día, Anticorrupción emplazó que se “encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, respecto de n informe crucial para el devenir de la investigación, ya que en él se debe recordar el incremento patrimonial que registró la compañía de González Amador, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que está acusado de haber cometido el presunto fraude fiscal a Hacienda de más de 350.000 euros.
Quién sabe si ahora el escenario es distinto, pero en noviembre del año pasado la UCO reconocía no haber todavía empezado con la investigación. La propia brigada de Balas, en una entrevista concedida al diario El Mundo, aludió a “fuentes de la investigación llevadas a cabo hasta el momento”, pero no fue hasta el 8 de noviembre que el juzgado avaló el trámite que conduce al comienzo de las averiguaciones por parte del cuerpo.
Los “dragones” de 2025
Coincidiendo con la despedida del 2025, Balas obvio todo esto y ensalzó las actuaciones de su unidad contra los “dragones” aparecidos en el camino a lo largo del año.
“En algunos mapas antiguos de rotulaban territorios desconocidos, no explorados o peligrosos con la frase Hic Svnt Dracones, aquí hay dragones; a nosotros siempre nos ha dado igual los dragones que pudiese haber, porque como reza nuestro libro Todos somos uno, la fortaleza del compañerismo, la amistad y la unicidad de acción y propósito lo pueden todo (…) El rigor y la objetividad que plasmáis en vuestro quehacer diario actúa como escudo ante todo aquello que pretende mellar nuestra credibilidad. Perseverad en ello, pues así prevaleceréis”, relataba en un tono rimbombante.
Lo cierto es que la lentitud en este proceso choca con la rapidez con la que la Unidad Central Operativa ha actuado en otros escenarios, como el del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la investigación sobre Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, a cargo del juez Juan Carlos Peinado.
González Amador, más pendiente del fiscal, ya condenado
Mientras tanto, Alberto González Amador parece más pendiente de exprimir al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya condenado con una sentencia que no escapa a la polémica por revelación de secretos después de que el Tribunal Supremo estimara que “él o alguien de su entorno” había filtrado el mensaje en el que la pareja de la lideresa regional reconocía haber defraudado a Hacienda.
Así, el compañero sentimental de Ayuso exigía primero que García Ortiz fuera apartado del todo de su carrera fiscal después de aceptarse recientemente su incorporación a la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo. Y después reclamaba al Alto Tribunal que le impusiera el pago de cerca de 65.000 euros cuando ya había pagado los 7.200 euros de multa más los 10.000 con los que tendría que indemnizar a González Amador.