El activista que lleva meses poniendo contra las cuerdas al juez Juan Carlos Peinado, magistrado que insiste en la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el chalet del que éste disfruta en la localidad de La Adrada (Ávila) da otro paso más, nuevamente contra el Ayuntamiento del municipio por la permisividad que, lamenta, durante todo este tiempo mantiene el Consistorio ‘popular’ con el inmueble.
La persona detrás de la batalla contra la vivienda, Fernando Jabonero, continúa destacando la posición de la alcaldesa de La Adrada, quien “retiene información pública de las licencias del chalet”. Ante este escenario, el protagonista de estas líneas ha elevado otra solicitud a la mesa de la dirigente que, recuerda, también tiene una denuncia ante la Fiscalía de Ávila por prevaricación urbanística.
La denuncia ante la Fiscalía
La denuncia ante el órgano competente y contra María del Pilar Martínez Segura (PP), a la que tuvo acceso ElPlural.com, data de diciembre del año pasado. El motivo del texto fue el incumplimiento de plazos para actuar sobre los terrenos del polémico magistrado en la mencionada localidad, hecho que quedaría penado según lo estipulado en el artículo 320 del Código Penal, el cual obligaría al Consistorio a revertir la situación llevando a menos a cabo la señalada inspección.
Este verano la Fiscalía Provincial daba respuesta al denunciante. En su contestación, el organismo daba la razón a Jabonero, pero apuntaba que el caso ya había prescrito, suceso ante el cual el magistrado dirigió un nuevo texto insistiendo en la investigación de la actuación del Ayuntamiento que, para más inri, cuando quiso actuar, dejó el asunto en manos de “una persona que no era funcionaria”. El activista reflexionaba que el trabajo de la Fiscalía era “impecable”, pero que se encontraba “desenfocada” respecto de su petición.
Mes crucial para Peinado
En todo este maremágnum, el mes de septiembre se presenta crucial para Peinado, y uno de los puntos que lo convierten en tal es, justamente, un acto de conciliación que tiene con Jabonero, pero al que éste segundo ha dejado claro que no va a acudir.
El magistrado reclama al activista que se retracte por sus injurias y calumnias y le indemnice con 25.000 euros por sus declaraciones contra su vivienda en el pueblo de Ávila, tal y como adelantaba elDiario.es. Según el demandante, se trata de una campaña que tiene como objetivo último amedrentarle y que, teme, puede escalar más arriba de su persona, dado que el instructor del ‘caso Begoña’ parece decidido a emprender acciones legales contra todos los que, a su juicio, se hayan pronunciado de forma injuriosa contra él.
El acto de conciliación entre el activista y el polémico juez está fechado para el próximo 23 de septiembre en el juzgado número 63 de primera instancia de la capital, pero todo apunta a que no se celebrará con normalidad en el sentido de que Jabonero no estará presente.
Pero Peinado mantiene más frentes abiertos en el mes de septiembre también en lo que se refiere a Begoña Gómez. Más concretamente, los próximos días se antojan clave para la investigación, sobre la que el magistrado ha sido hasta el momento incapaz de encontrar nada punible, en el sentido de que tanto ella como su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, deberán declarar los días 11 y 10 de septiembre respectivamente.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llegaba después de que el pasado 12 de junio la Audiencia Provincial elevara un auto en el que emplazaba a investigar un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con las actividades de Álvarez en La Moncloa. En ese auto, la Sección 23 de la Audiencia proponía “qué indicios de responsabilidad se les pueden imputar” a la asesora de Gómez.
Igualmente apuntaba que la investigación “tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño en las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”.
El auto, del mes de mayo, contemplaba que las funciones del asistente “consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo y cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno”. Y en esa línea, según el juez, aluden a acciones que resultan “imprescindibles ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza (…)”.
Hay que tener en cuenta que en mayo el magistrado ya indicó que Gómez y Álvarez no podían cometer delito de malversación. Sin embargo, pareciera haber cambiado de opinión con el paso de los meses.
