El escándalo que ha sacudido de lleno a la Policía Nacional después de que una funcionaria del cuerpo denunciara este martes al hasta ahora director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, por presunta agresión sexual mantiene el foco de la actualidad política y judicial, al conocerse la dimisión de González y la cascada de acusaciones al Ministerio del Interior por parte del Partido Popular (PP) al que han señalado por “encubrir” al acusado.
Sin embargo, a medida que se han ido conociendo nuevas informaciones al respecto el discurso de los populares y sus críticas al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, van perdiendo peso. Uno de los últimos en hablar ha sido el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, quien en una entrevista concedida a Aragón Radio ha informado de que no fue hasta este mismo martes cuando se puso en conocimiento de la situación a Interior, momento en el que la demanda fue admitida a trámite. Con ello, las palabras que ha defendido en el Congreso el secretario general de los populares, Miguel Tellado, pierden, por lo tanto, su sentido. Durante la sesión de control al Gobierno, Tellado ha acusado a Marlaska de estar "en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial". Sin embargo, con la información que ha ofrecido la defensa de la víctima, queda confirmado que Interior no ha podido encubrir ninguna violación, puesto que no ha sido conocedor de la situación hasta este martes, cuando se formalizó la demanda.
Al margen de ello, el letrado de la denunciante ha deslizado que el comisario Óscar San Juan, mano derecha del acusado, podría estar también implicado en el caso, ya que “ha tenido una participación activa en los hechos y tendrá que dar su versión”. Sobre la víctima, el abogado ha asegurado que se ha visto sobrepasada por el “tsunami mediático y la repercusión”, así como por “los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad”. “Ella y su entorno están sufriendo cada vez más, por desgracia en este tipo de casos son habituales y seguiremos dándole fuerza y la máxima protección posible”, ha adelantado.
En línea con todo ello, el representante de la víctima ha prosegido afilando el relato de los hechos. De esta forma, Piedrafita ha señalado que el pasado 23 de abril cuando la agente estaba de servicio el ex-DAO le pidió que acudiera a su residencia oficial donde la habría intentado “forzar” hasta hacerlo “violentamente, arrastrándole la ropa”. Asimismo, señala que a través del comisario San Juan trataron de presionarla para que no denunciara, hasta que la víctima “explota psicológicamente”. Entre otras cosas, el abogado relata que la víctima ha trabajado “con discreción” para “armar” una querella “que fuera directamente al Juzgado, sin interferencias policiales”. “Lo hemos llevado todo con la máxima discreción, el asunto ha entrado directamente al Juzgado”, ha sostenido el abogado. Además, la defensa ha hecho también mención a Gemma Barroso, la sustituta del acusado, señalando que no fue hasta este mismo martes cuando la víctima habló “directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso”, quien “se quedó literalmente de piedra”. “Ese es el único contacto que por nuestra parte hay con el Ministerio”, ha subrayado.
Al margen de ello, Piedrafita ha recalcado que no descarta que en las próximas horas haya “más personas implicadas” apuntando al número dos del ex-DAO, a quien ha atribuido una presunta “participación activa en los hechos”. “El comisario Óscar San Juan tendrá que dar su versión y habrá que valorar si tiene algún tipo de responsabilidad penal”, ha defendido.
Gemma Barroso, sustituta interina del acusado
Al margen de todo ello, pero con este telón de fondo, en la tarde de este miércoles se ha conocido que la comisaria principal Gemma Barroso será la nueva directora adjunta operativa de la Policía Nacional de manera interina en sustitución de José Ángel González. Barroso, actualmente al frente de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, fue la última jefa que tuvo la denunciante del comisario antes de cogerse la baja laboral, en la que continúa actualmente.
El nombramiento de Barroso como directora adjunta operativa interina se produce de forma paralela a que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, haya convocado de urgencia a los altos mandos del cuerpo tras el escándalo que ha acabado con la dimisión del ya ex DAO. Sobre Barroso cabe destacar que aparece citada brevemente en un apartado de la querella: "El día 24 de julio, coincidiendo con su destino a la Subdirección de Recursos Humanos y Formación en la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid (misma sede donde trabaja el querellado, sede de la Dirección General de la Policía), cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación, recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González". "Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella", agrega la denuncia.