El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por la presunta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia entra esta semana en su fase decisiva con la declaración de los tres principales acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Tras tres semanas asistiendo en silencio como espectadores a un proceso que ha repasado sus años de ascenso, poder y caída, romperán finalmente su silencio en unos interrogatorios cuyo desenlace se considera imprevisible debido al enfrentamiento abierto que mantiene el antiguo núcleo de la trama.
Las primeras jornadas del juicio estuvieron marcadas por revelaciones sobre enchufes a personas cercanas a Ábalos y propiedades supuestamente adquiridas para él por empresarios, en un tono que muchos calificaron de vodevil bochornoso. Sin embargo, el foco fue virando hacia testimonios de funcionarios y antiguos altos cargos que detallaron cómo Koldo García promovió, en los peores momentos de la pandemia, contratos millonarios de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama, a quien se describe como un comisionista con gran influencia y presencia constante en el entorno del Ministerio de Transportes.
Aunque comparten asiento en la última fila del estrado, separados por menos de un metro, Ábalos, García y Aldama llegan a esta recta final profundamente distanciados. Un policía situado diariamente entre el exministro y el empresario simboliza la fractura entre ambos. Ábalos y García, este último en prisión preventiva desde noviembre, llegan esposados en furgón policial, comen bocadillos durante los recesos y regresan a prisión al final de cada sesión. Aldama, en libertad, entra caminando al Supremo acompañado por un asesor, conversa con abogados, testigos y prensa, y dentro de la sala pasa horas mirando el móvil sin cruzar palabra con sus antiguos socios, mientras que el exministro y su asesor sí intercambian impresiones.
Choque entre acusados
La ruptura definitiva entre ellos, según el relato judicial, se produjo en noviembre de 2024, cuando Aldama, cercado por varias investigaciones, decidió autoinculparse y colaborar con la Justicia. Esa decisión ha marcado diferencias sustanciales en las peticiones de condena: la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años para el empresario, frente a 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García. Las acusaciones populares, dirigidas por el PP, elevan hasta 30 años la petición para los dos últimos.
Los interrogatorios, que arrancan esta semana serán clave para determinar si esa diferencia de trato puede trasladarse a la futura sentencia. El cruce de acusaciones entre las defensas del exministro y de su exasesor con la representación de Aldama anticipa una batalla directa en sala. Para los abogados de Ábalos y García, Aldama es un “acusador sobrevenido” cuya credibilidad cuestionan con la misma contundencia con la que se enfrentan a la Fiscalía. La defensa del empresario, por su parte, se ha centrado en reforzar precisamente esa “credibilidad”, consciente de que su “grado de colaboración” puede ser decisivo para evitar la cárcel.
Queda por ver si Ábalos y Koldo, hasta ahora alineados, mantendrán un frente común o acabarán señalándose mutuamente. Algunas intervenciones durante la vista han dejado entrever una estrategia ofensiva contra Aldama, como cuando la defensa de Ábalos preguntó a su expareja Jesica Rodríguez si había sido una prostituta “captada” por el empresario. También se especula con un posible distanciamiento entre exministro y exasesor, con Ábalos descargando responsabilidades sobre García y este escudándose en haber sido un mero emisario.
Los testimonios han ido perfilando el funcionamiento de la presunta organización. “En el nombre de Ábalos”, lema de la cuenta de X - antes Twitter - desde la que el exministro se comunica desde prisión a través de allegados, ha sido interpretado como una descripción precisa del esquema investigado: Ábalos desplegaba influencia institucional mientras otros actuaban en su nombre.
En ese esquema, Koldo García habría sido el brazo ejecutor. Ricardo Mar, entonces jefe de Gabinete de Transportes, lo definió en el juicio como “el asesor de máxima confianza de Ábalos”, asegurando que respondía “exclusivamente” ante el ministro pese a depender formalmente de él. Funcionarios del ministerio han declarado que García presentó la oferta de Soluciones de Gestión incluso antes de que se hicieran públicas las órdenes de compra de mascarillas.
La trama crece
Según las inspectoras de Transportes, inicialmente se acordó adquirir cuatro millones de unidades, pero el pedido se duplicó en apenas 40 minutos. “La empresa dice que ocho millones o nada”, trasladó Koldo al entonces subsecretario Jesús Manuel Gómez, según se ha relatado en sala. Finalmente, mediante Puertos del Estado y Adif, se compraron 13 millones de mascarillas por 36 millones de euros.
Pero la investigación sostiene que “el negocio de las mascarillas”, como lo denomina la Agencia Tributaria, no habría sido el único. Según los testimonios, Aldama también habría utilizado su relación con Ábalos y Koldo para favorecer a Claudio Rivas, socio suyo, en la obtención de la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel. Koldo llegó a recibirle en el Ministerio de Industria y facilitarle acceso al jefe de gabinete Juan Ignacio Díaz Bidart. También habría logrado que Carlos Moreno, jefe de gabinete en Hacienda, atendiera a Aldama por problemas con una deuda tributaria. Y, junto a Koldo y el entonces CEO de Air Europa Javier Hidalgo, Aldama acudió incluso al despacho del secretario de Estado Pedro Saura, que les recibió personalmente.
Funcionarios de Transportes han descrito además un acceso privilegiado de Aldama al ministerio impropio de alguien sin cargo oficial. Aparcaba en el estacionamiento de autoridades, utilizaba el ascensor privado y accedía a la llamada “zona noble”, reservada al ministro. Nadie parecía saber exactamente quién era - cónsul honorario de Oaxaca, presidente del Zamora Club de Fútbol, lobbista o miembro del “equipo del ministro” -, pero nadie cuestionaba su presencia.
Ese nivel de influencia, sostienen los investigadores, tenía contraprestaciones. La maquinaria se habría engrasado con pagos mensuales de 10.000 euros que, según una testigo, Joseba García, hermano de Koldo, recogió en dos ocasiones en República Dominicana. También con supuestos pagos en especie: el piso de lujo donde vivió durante años Jesica Rodríguez por unos 3.000 euros mensuales; Villa Parra, en Marbella, donde Ábalos pasó vacaciones en 2020; un chalé en La Alcaidesa, Cádiz, donde veraneó al año siguiente; e incluso un inmueble en el Paseo de la Castellana en Madrid que, según la acusación, se habría ofrecido a cambio de obra pública. Según el relato surgido en el juicio, el ministro solo se activaba cuando llegaba el momento de cosechar beneficios.
El Tribunal Supremo ha fijado para el miércoles el inicio de las declaraciones de los acusados, comenzando por Víctor de Aldama, después de que los magistrados aceptaran la solicitud de las defensas de Ábalos y Koldo para que el empresario comparezca primero. La previsión es que los interrogatorios, inicialmente programados para una sola jornada, se alarguen también al jueves e incluso al lunes 4 de mayo, fecha ya reservada por el tribunal y en la que el procedimiento podría quedar pendiente únicamente de sentencia.
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