Como cualquier líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo vive con la obsesión de dejar de serlo y alcanzar algún día la presidencia del Gobierno. En el caso concreto del presidente del Partido Popular, la fijación con La Moncloa es un asunto complicado ya que tendrá que hacer equilibrios para que el paquete de leyes que ya tiene planificado pase por el filtro de Vox, con el que tendrá que pactar con toda seguridad.
Feijóo ya no esconde que no tendrá reparos en meter a la ultraderecha en un Ejecutivo nacional, y por ello está probando hasta donde puede doblarse su programa en las comunidades autónomas. Primero en Extremadura, donde ya le ha concedido a Vox un Gobierno basado en la "prioridad nacional", próximamente en Aragón y en Castilla y León, y a partir del 17 de mayo en Andalucía, donde también tendrá -si se cumplen las encuestas- que ponerse de acuerdo con los de Abascal.
Todo ello no es más que un experimento de cara a allanarse el camino a La Moncloa, para lo que el popular ya renuncia abiertamente a frenar el auge de la ultraderecha. "La mayoría absoluta es dificilísima", ha reconocido Feijóo este domingo en un acto de precampaña en Córdoba, "y Andalucía merece estabilidad". En este caso habla sobre una autonomía en la que actualmente gobierna en solitario, y en la que ya lanza ese aviso a navegantes a los miembros de su propio partido.
En cualquier caso, el pacto en Extremadura se entiende en Génova como el primer paso real del camino de Feijóo hacia La Moncloa, que hasta ahora se había recorrido a través de las hasta 70 leyes con las que el PP ha armado el esqueleto de su oposición. Ahora, la agenda de los conservadores pasa por las manos de Vox antes de aplicarse en el ámbito autonómico, como tendrá que ocurrir a la hora de formar un Gobierno nacional en 2027 si se cumple lo que dicen ahora la mayoría de las encuestas.
En Génova niegan que el acuerdo en Extremadura sea racista, según El Confidencial, y explican esa "prioridad nacional", que condiciona puntos clave como el acceso a la vivienda, la sanidad o las ayudas, en que se atenderá al "arraigo" a la hora de decidir, y no a la nacionalidad. Los de Abascal, por su parte, no esconden que pondrán la inmigración en el centro de cualquier pacto y, para ello, el acuerdo extremeño ya contiene varios puntos que trascienden legislativamente al ámbito nacional. En primer lugar la reforma de la Ley de Extranjería, que no aparece como tal pero que es indispensable para que el principio de la "prioridad nacional" que rige el texto pueda ser una realidad legal. Feijóo anunció una iniciativa para hacerlo, pero todavía no la ha registrado en la Cortes.
Las 70 leyes de Feijóo: 2 aprobadas, 13 en trámite y una guerra Congreso-Senado
Lo que el líder de la oposición sí ha llevado al Parlamento en estos tres años de legislatura es una lista de 70 leyes con las que cuenta como respaldo para afrontar el último año. Sus propuestas han tenido una suerte relativa, ya que solo dos medidas del PP han sido aprobadas en las Cortes: el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pactado con el PSOE a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal; y la llamada 'Ley ELA' (esclerosis lateral amiotrófica).
La mayoría de las demás iniciativas de Feijóo sí han pasado ya el filtro del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta. En ese escaparate se han debatido varios de los puntos fuertes de su estrategia de cara a su llegada a La Moncloa, como la bajada del IVA, la Ley antiokupación, su Ley de Vivienda -basada en facilitar los desahucios y eliminar las protecciones a los vulnerables-, la bajada del IRPF, la revalorización de las pensiones -que ya se aprobó en un real decreto del Gobierno con el voto a favor del PP- o varios cambios en el Código Penal.
Aún así, los de Feijóo solo han conseguido que el Congreso tome en consideración 13 de sus proposiciones de ley, con los votos a favor de parte de la mayoría de investidura. El PP culpa de este embudo de mociones a la Mesa de la Cámara Baja, que preside la socialista Francina Armengol, y a la que acusan de bloquear sus iniciativas prorrogando el plazo de presentación de enmiendas. Según los populares, el PSOE estaría estirando al máximo ese plazo para evitar que propuestas que llegan aprobadas del Senado se debatan en el Congreso. Sobre esto, hay pendiente de resolver un conflicto de atribuciones presentado por el PP, a través de la Cámara Alta, ante el Tribunal Constitucional, que ya resolvió a favor de un recurso de amparo de los de Feijóo por las 71 prórrogas que acumuló un real decreto-ley para gestionar fondos europeos en la pandemia.