El ruido de la guerra civil en la derecha ha ensordecido el rechazo de una comunidad autónoma en concreto a la distribución de menores migrantes y, por tanto, a la reforma de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería. Cataluña, gobernada en funciones por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) mientras se negocia la probable investidura del socialista Salvador Illa, ha dado la espalda con una abstención al plan para desoxigenar a Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta. Junts, por su parte, se ha manifestado con mayor vehemencia contra el reparto solidario de menores extranjeros, acusando al Estado de intentar “abusar” de la solidaridad catalana. En consecuencia, al igual que ocurre con la financiación, el independentismo une sus voces para hacer valer la “singularidad” catalana.

De la Conferencia Sectorial emanó un acuerdo para la acogida solidaria y obligatoria de 347 menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. En los prolegómenos del cónclave, el pacto estaba en el aire por los titubeos de un Partido Popular amenazado por Vox. Los ultraderechistas descargaron desde la semana pasada toda la presión sobre Génova, aireando una posible ruptura en los territorios que cogobiernan. Ultimátum que en el PP han desoído, pues finalmente, pese a las dudas iniciales, bendijeron la propuesta del Ejecutivo al tiempo que posponían su decisión sobre si convertir la derivación en obligatoria.

El sí de las autonomías conservadoras, guerrillas intestinas aparte, dejaba el acuerdo cerca de una unanimidad que imposibilitó sólo una región: Cataluña. La Generalitat envió a Tenerife a Carles Campuzano, conseller de Derechos Sociales, para manifestar su rechazo a la propuesta. El exconvergente apeló a abandonar las políticas de parches en materia migratoria para afrontar la problemática desde una posición de seriedad asentada sobre el “medio y largo plazo”. “Una política ordenada, que afronte las cuestiones vinculadas a qué sucede cuando estos jóvenes llegan a la mayoría de edad”, remarcaba el conseller en funciones. Entiende que sin una propuesta transversal y de calado no se podrá “ayudar de manera efectiva a Canarias”.

Campuzano desmarca así a Cataluña del acuerdo migratorio, reiterando que la Generalitat ha percutido en las enmiendas que ha presentado a la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería planteada por Moncloa. Pese a mostrarse algo más “receptivo” a estas, advirtió de que si el texto se remite al Congreso en los términos actuales, el Govern no se verá en condiciones para avalarla. Los retoques planteados por Cataluña abundan en los problemas de sobreocupación, subrayando que no sólo lo padecen Canarias, Ceuta y Melilla, sino también “otros territorios”. En este sentido, condicionó su bendición a la resolución de la financiación de la acogida y a hacer frente a los problemas devengados de la determinación de edad por parte de la Fiscalía. No obstante, a día de hoy no existe ese caldo de cultivo que acerque el sí de la Generalitat.

Al margen de las justificaciones catalanas, Campuzano cargó contra el Gobierno central acusándoles de ofrecer datos “falsos” sobre los menores acogidos por Cataluña. “No tiene 1.400 jóvenes en su sistema de protección, tiene 2.369, y es un sistema de reparto fake, no responde a la realidad. Y por tanto, lamentablemente, nos hemos tenido que abstener”, justificaba el conseller de Derechos Sociales.

Junts señala a Moncloa

Previamente, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, insistía en que su partido rechazará la reforma de la Ley de Extranjería siempre y cuando Moncloa no excluya a Cataluña del reparto de menores migrantes no acompañados, acusando, además, al Ejecutivo de “abusar” de la solidaridad catalana. “Cataluña es un país de acudida y lo será siempre”, destacaba la dirigente neoconvergente, justificando su rechazo al articulado porque imprimiría más “tensión” a un territorio de por sí tensionado.

Nogueras reivindicaba la “solidaridad” catalana y argumentaba que Cataluña no tiene que “demostrar ni justificar nada”. “Lo que no puede ser es que siempre seamos los que más pagamos. Así que, ¿ser los que más pagamos siempre? No. ¿Solidaridad? Sí”, espetaba la portavoz neoconvergente en la Carrera de San Jerónimo, quien precisaba que el Govern no podía “defender los intereses del PSOE” frente a los del conjunto de la sociedad catalana. “Ante este abuso nos toca que nos plantemos”, resaltó.

En cualquier caso, los neoconvergentes están negociando la delegación de competencias en términos migratorios, según expuso la portavoz de Junts en el Congreso. A ello lo supedita la propia Nogueras, quien sostiene que toda vez se haya cerrado la ley de delegación de competencias, “podemos sentarnos y podemos hablar de Canarias y de esta sobresaturación que hay, que no es exclusiva de Canarias”.