El Tribunal Supremo ha enviado al Tribunal Constitucional la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, esto es, el “hachazo” presupuestario que María Dolores Cospedal dio nada más llegar a la presidencia de Castilla-La Mancha conocido popularmente como “Dieta Cospedal”. En un auto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el Alto Tribunal expresa sus “serias dudas" a cerca de la reducción salarial, el aumento de jornada de los empleados públicos de 35 a 37 horas y las limitaciones al complemento por incapacidad temporal. De ahí que pida al Constitucional su pronunciamiento para que determine si el Gobierno de la también secretaria general del PP invadió competencias estatales al aprobar estas medidas, como así lo consideraron los sindicatos recurrentes, CC OO y UGT (ver auto).

CLM, el laboratorio de Rajoy
Recortes que fueron bendecidos por Mariano Rajoy, que dio su apoyo “personal” y el de “su partido” a la “Dieta Cospedal”, afirmando que la presidenta de Castilla-La Mancha estaba haciendo “lo que hay que hacer”. Y es que Cospedal se ofreció desde el primer momento a convertir a la región castellano-manchega en laboratorio de ideas, recortes y hachazos presupuestarios que luego el PP no se atrevió a imponer en el resto de las comunidades, y eso que el presidente del Gobierno y del partido no dudó en asegurar que “las administraciones tienen que apretarse el cinturón y no gastar lo que no tienen”, dijo, sin precisar que las medidas a tomar deben ser legales y constitucionales, algo, hoy por hoy, que Cospedal parece no entender ni practicar, como lo prueba las decenas de sentencias contra su forma de entender lo público.

“Cospedal va a dejar un gran pufo”
De ahí que la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, haya señalado que Cospedal va a dejar un auténtico “pufo legal” en materia laboral al próximo gobierno socialista que saldrá elegido de las urnas el 24 de mayo, ya que son numerosas las sentencias contrarias que en esta materia vienen acumulando. “Si el Constitucional confirma la nulidad de esas medidas que pone en cuestión el Supremo, las posibles compensaciones que tendrían que recibir los trabajadores afectados serían muy importantes”, sentencia.

La justicia le pone “la cara colorada”
La portavoz socialista recuerda que la justicia ya le ha puesto la “cara colorada” en numerosas ocasiones al Ejecutivo de Cospedal. “Les dijeron que no podían despedir a una empleada por estar embarazada; o que no podían despedir por estar de baja por enfermedad común”, añade, “también les han puesto la cara colorada al declarar nulo el plan de recursos humanos de los conductores de la Junta o las jubilaciones forzosas de médicos y han sufrido también varapalos al intentar suprimir el derecho de los trabajadores a cobrar las horas nocturnas o por la parte de la paga de Navidad de 2012 que quitaron”. Y es que para Maestre, que mostró su deseo que el Constitucional confirme la nulidad y se restauren los derechos de los trabajadores, el actual gobierno “ha estado persiguiendo durante todos estos años a los empleados públicos”, dice, para apostillar seguidamente: “esperamos que el próximo día 24 de mayo, Cospedal se convierta solo en el recuerdo de una mala pesadilla que han sufrido los trabajadores y los ciudadanos de Castilla-La Mancha durante estos cuatro años”.

“Plan perfectamente legal”
Varapalo que al Gobierno de Cospedal no le ha quedado más remedio que valorar y poner buena cara. Así, el cuestionado consejero Portavoz, Leandro Esteban, aseguraba que el auto del Supremo, “es algo normal dentro de un procedimiento y tiene una importancia mínima”, por lo que “sacar conclusiones más allá de ello es malintencionado y falso”. Pero para malévolas sus críticas contra los sindicalistas que han dado la rueda de prensa, a los que se ha referido así: “alguno de los portavoces no se ha caracterizado por entender la vida democrática de manera cívica, alguno de ellos tiene alguna historia judicial que le condena por malos tratos”, como si el representante de CC OO hubiera sido condenado por agredir a su mujer, cuando en realidad fue por su oposición a abandonar un encierro, por lo que fue denunciado por el delegado de la Junta en Toledo, Fernando Jou, quien le acusó de “mal tratarlo”. Esto prueba el nerviosismo del Gobierno de Cospedal que es claro y notorio, porque de otra forma no se entienden estas declaraciones irrespetuosas y salidas de tono y de contexto.