Se lo esperaban pero aún así no deja de ser menos irritante. El senador por la provincia de Badajoz y alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván Porras, imputado por delito electoral y acusado de haber empadronado a 63 personas de manera irregular en casas en ruinas, locales del Ayuntamiento e incluso en la sede del Partido Popular, no ha acudido a declarar este miércoles a los juzgados de Zafra, donde estaba citado por la instrucción del caso.

Así lo han confirmado a ELPLURAL,COM fuentes de la acusación encabezada por el PSOE de la localidad pacense, explicando que un representante del senador del PP ha presentado un escrito acreditando su condición de aforado, por lo que solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo tras requerir un suplicatorio a la Cámara Alta.

Ante esta incomparecencia, el abogado de la acusación ha pedido a la jueza que instruye el caso que continúe con las diligencias y declaraciones de otros testigos pendientes para, al finalizar, derive el caso al Supremo.

Trabajo por votos
Antonio Galván, alcalde de la localidad desde 1995, empadronó según la acusación a 63 personas en Calzadilla de los Barros de forma fraudulenta inscribiéndolas incluso en casas particulares sin su conocimiento a cambio de recibir un trabajo del Ayuntamiento. Esta trama ha sido confirmada por algunos de los propios vecinos que participaron en ella y por la situación que se vivió en el pueblo vecino, Fuente de Cantos, donde se sufrió tal fuga de población que su anterior alcaldesa tuvo que poner en marcha una fuerte campaña entre los vecinos ya que estaba viendo reducidas las subvenciones del Estado.

Da la casualidad de que Galván fue uno de los alcaldes que reclamó el busto del Rey Juan Carlos I al Ayuntamiento de Barcelona cuando fue retirado de la sala de plenos justificándose en que la alcaldesa Ada Colau “ha abochornado al pueblo español. Se ha actuado de forma denigrante, hiriendo los valores y principios de muchos catalanes y españoles”.