De todos los chanchullos que se atribuyen a la trama Gürtel, el pelotazo más jugoso es la adjudicación de la parcela 124 de Arganda del Rey, que se entregó a Martinsa por casi 50 millones de euros menos de lo que valía y con la que Francisco Correa se habría embolsado 12 millones de euros.
Pese a estos volúmenes multimillonarios y que el asunto implica a personas tan relevantes a Jaime González Taboada, número tres de Cristina Cifuentes, y presuntamente está relacionado con el ático en Marbella del expresidente Ignacio González, la justicia no se había metido en este fregao. Hasta ahora, con un auto judicial del magistrado José de la Mata al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que pone en serios aprietos a otro hombre de confianza de Cifuentes: Pablo José Rodríguez Sardinero.
Sardinero, que se hizo famoso por tapar la boca a un estudiante que protestó contra la Guerra de Irak en un mitin de José María Aznar, es en la actualidad director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y miembro de la gestora del PP de Madrid que tiene como encargo limpiar el pasado sospechoso de esta formación. Una responsabilidad que no casa mucho con el hecho de que hubiese sido concejal de Arganda del Rey en la época de la Gürtel y, después, alcalde en sustitución del regidor que fue imputado por su relación con la trama.
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Pablo Rodríguez Sardinero en su época de amordazador en mítines.
Y tampoco casará mucho con el hecho de que tenga que ir a declarar como testigo al juzgado el próximo día 10 de enero, a las 12:00 horas, por su papel en los tejemanejes de la Gürtel en Arganda del Rey. Lo hará en calidad de exconcejal de Educación, Cultura y Deportes y junto a él estarán Amalia Guillén, exconcejala de Educación, Cultura, Infancia y Juventud y José Fernández García, exdirector de Educación y Cultura.
A ellos se suman tres imputados, que también deberán declarar el día 10: José Ramón Gutiérrez, técnico de la Sociedad de Fomento, Isaac García, directivo de la misma sociedad, y María Josefa Aguado, jefa de Deportes de dicha sociedad. Esta Sociedad de Fomento es la que adjudicó la parcela 124 a Martinsa y a los tres se les acusa de delitos continuados de prevaricación y fraude de las Administraciones Públicas por falsear la urgencia de ciertos contratos concedidos sin concurso a Easy Concept, empresa de la trama Gürtel.
En concreto, a Sardinero se le requiere que dé explicaciones “en relación con los contratos adjudicados a Easy Concept Comunicación SL referidos a las Ofrendas Florarles de las Fiestas Patronales de los años 2007 y 2008”, según señala el auto. Pero la lista total de adjudicaciones investigadas va desde actos de la feria del libro a Olimpiadas Escolares.
Junto a estos requerimientos, el juez exige muchísima documentación para avanzar en el famoso pelotazo de la parcela 124 de Arganda del Rey. Algunos ejemplos son la propuesta del acalde “para la alteración de la calificación jurídica de determinadas parcelas”, el “expediente completo de la cesión gratuita de las parcelas integradas en la UE 124” o el “acta del Consejo de Administración de la Sociedad de Fomento de 25.11.2004 en el que se acuerda la adjudicación de las parcelas UE 124 a favor de Martinsa”.
Pero aún quedan dos requerimientos que pueden traer cola. Por una parte, De la Mata pide a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que le envíe “en el plazo de 5 días” el acta en el que el Gobierno regional aprobó la recalificación de la parcela 124. Y ya se sabe cómo actúa la Comunidad de Madrid cuando los jueces le piden colaboración.
Por otro lado, pide al “Ministerio de Economía y Hacienda” que en 5 días le envíe un informe sobre la clasificación que tenía Constructora Hispánica entre los años 2004 y 2007. En aquella época, ambos ministerios estaban unidos bajo la tutela de Pedro Solbes, pero desde 2011 son dos carteras en manos, respectivamente, de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. Y si es Montoro el que tiene que colaborar con la Justicia, ya se sabe cuál suele ser su actitud.
