El caso Urdandarin, la pieza separada de la causa Palma Arena que investiga la presunta corrupción en el Gobierno del popular Jaume Matas en Baleares, podría estar listo en 45 días cuando los investigadores concluyan de revisar toda la documentación incautada en los últimos registros. Es a partir de ese momento, en unos dos meses, cuando se espera que se cite como imputado para declarar a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y yerno del Rey, según apunta El País.

Imputación "inevitable"
Hasta ahora se han encontrado anomalías en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) con el Instituto Nóos, organización sin ánimo de lucro que entonces presidía el duque de Palma, pero los indicios apuntan a que esos fondos eran luego desviados a empresas de su propiedad y de otros miembros de la red. De ahí que fuentes jurídicas relacionadas con el caso den como "inevitable" la imputación de Urdangarin. El principal socio del duque, Diego Torres, ya está imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.

Cristina, fuera "del conocimiento de área financiera"
La investigación judicial también apunta que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos lo constituían Urdangarin, Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto. La infanta Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, pero los investigadores creen que estaban "apartados del conocimiento del área financiera", de ahí que no la impliquen en los siguientes pasos en los tribunales. En cualquier caso, la Infanta posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que habría recibido fondos públicos desviados a través de Nóos.

Hasta un 170% de beneficios
Los informes periciales de la causa apuntan que Urdangarin y su socio Torres habrían conseguido hasta un 170% de beneficio (1,5 millones de euros) de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar dos congresos, uno sobre turismo y otro sobre deporte, de dos días de duración cada uno. La investigación apunta asimismo al tráfico de facturas por servicios no acreditados y a indicios de la supuesta apropiación de fondos públicos.

El plan B de la Zarzuela
Ante la eventual imputación de Urdangarin, la Casa Real contempla varias alternativas. Por un lado se insiste en que se trata de un asunto privado ajeno a la Corona, aunque salpique al yerno del rey, a una empresa coparticipada por la infanta Cristina y a un trabajador de la Casa Real como García Revenga. Además la situación sería insostenible con la imputación de Urdangarin, de ahí que la periodista Mábel Galaz apunte en el diario de PRISA el plan B que maneja Zarzuela si esto ocurre: la infanta Cristina renunciaría a sus derechos dinásticos, un gesto con el que dejaría de ser miembro de la Familia Real, apartada de la agenda oficial y excluida de la asignación que el Rey le entrega de su partida de los Presupuestos públicos. En cualquier caso conservaría la condición de infanta, pero sin derecho a la sucesión, ya que doña Cristina no se plantea por ahora dejar a su marido.