El Partido Popular ha encontrado en las decisiones del Tribunal Constitucional con los ERE su nueva arma arrojadiza contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de poco menos que colonizar las instituciones del Estado. Críticas que se enmarcan en la semana posterior al acuerdo del bipartidismo en Bruselas, que desencasquilla cinco años de bloqueo conservador al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los reproches provenientes de Génova contrastan, sin embargo, con el historial de la Corte de garantías, que estuvo regida por Francisco Pérez de los Cobos, militante de la formación popular entre 2008 y 2011; aunque el hoy vicesecretario de Acción Institucional del PP defendía entonces que un presidente del TC podía tener el carnet de su formación.
Corría el año 2013, tiempos aún del bipartidismo, cuando El País publicó que el presidente del Tribunal Constitucional de entonces, Francisco Pérez de los Cobos, había militado en el Partido Popular entre los años 2008 y 2011, cuando ya engrosaba la nómina de magistrados de la Corte de garantías. Entonces, ante la polémica, Génova tiraba de ironía para defenderse de las críticas, con un Esteban González Pons a la que cabeza que respaldaba que el máximo responsable del TC pudiera “pertenecer” o “haber votado alguna vez al Partido Popular”.
“Al ritmo que vamos, parece ser que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al Partido Popular”, dijo entonces el hoy vicesecretario de Acción Institucional ante los medios de comunicación. Con sarcasmo, el PP respondía a una polémica que trajo de cabeza a Génova 13 y que, en cierto modo, tiene vigencia en pleno 2024, pues los conservadores utilizan la mayoría progresista del Constitucional para atacar al Gobierno después de que éste haya revisado las sentencias del caso de los ERE de Andalucía. Así, desde el principal partido de la oposición se ha cuestionado una imparcialidad de los miembros del tribunal de garantías que once años atrás parecía garantizada a pesar de los estrechos vínculos con la fuerza conservadora.
Entonces, Pons no veía ningún problema a la afiliación de Pérez de los Cobos a su partido. Un hecho que el resto de grupos parlamentarios calificaba como “grave” y constitutivo de dimisión ante las dudas razonables sobre si existía o no incompatibilidad. “No hay que mirar el reglamento del Poder Judicial ya que Pérez de los Cobos no es un juez de carrera sino catedrático, por lo que no incurriría en esa incompatibilidad”, adujo, al tiempo que enumeraba los ex altos cargos de gobiernos socialistas, no afiliados al partido, que conformaban el pleno del Constitucional. “No todos los miembros de cualquier órgano tienen que ser del PSOE”, remachó.
El PP, contra el TC
Han pasado once años desde aquella polémica y la historia ha cambiado por completo. La defensa a ultranza de Pons contrasta con la posición adoptada por Génova tras los fallos del TC a las sentencias de los ERE. Ante los micrófonos de Más de uno, en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo cuestionaba esta misma semana la “inmoralidad” que comporta que personas que forman parte del tribunal tuvieran responsabilidades políticas en el Gobierno de Sánchez, aludiendo expresamente al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así como a Laura Díez. El jefe de la oposición cree que por ello tenían “dificultades para aceptar su imparcialidad”.
Ese mismo argumento blandió el portavoz parlamentario de los conservadores, Miguel Tellado. Ante preguntas de los periodistas en Granada, el dirigente popular calificaba como “tremendamente grave” la “utilización” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional para “exonerar de responsabilidades penales” a cargos socialistas condenados en firme por el Supremo en el marco del caso de los ERE. Por ello, advirtió de que la presencia dentro de este órgano de “destacados miembros” vinculados al PSOE “empaña su imagen de imparcialidad”. Insistía en que la causa fue juzgada por el Alto Tribunal, pero también “por el conjunto de la sociedad andaluza, mandando al Partido Socialista a la oposición después de haber protagonizado el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, donde se robaba nada más y nada menos que el dinero de los parados andaluces para destinarlo a mordidas, comisiones, prostitución y drogas”.
La desmemoria del PP
La imparcialidad del Tribunal Constitucional no estaba en cuestión durante la regencia de Pérez de los Cobos, pero éste no fue el único caso con vinculación al Partido Popular. El ultraconservador Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, es otro ejemplo, siendo magistrado de la Corte de Garantías entre los años 2012 y 2021. No obstante, antes de recalar en el TC, fue diputado conservador por la provincia de Granada entre el 1986 y 2003.
Enrique López engrosa esta lista. Designado magistrado del Constitucional en 2013 -hasta que un año después diera positivo en un control de alcoholemia y se vio obligado a dimitir-, formó parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como consejero de Justicia y posteriormente de Presidencia. Tras su paso por la Corte de Garantías, regresó a su plaza de la Audiencia Nacional, donde fue apartado del Caso Gürtel, al igual que Concepción Espejel por su vinculación al PP. Actualmente, López ha regresado a la judicatura, siendo destinado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
La mencionada Espejel es un caso diferente. Nunca ha pertenecido al Partido Popular. Tampoco ha ostentado cargo alguno en un gobierno conservador. Sin embargo, su vinculación con la formación, o mejor dicho su relación de íntima amistad con María Dolores de Cospedal le llevó a ser apartada también del caso Gürtel, además de ser apodada como Cospejel. Fernando de Rosa entra en posición de privilegio en esta lista, puesto que actualmente forma parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. No obstante, antes desempeñó el cargo de Conseller de Justicia en el Gobierno de Francisco Camps en la Comunitat Valenciana, antes de ser elegido como vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
