Hay quien piensa que los derechos y las libertades una vez conquistadas son para siempre. Se equivocan. Los derechos y libertades deben defenderse cada día, porque pueden perderse. Vivimos tiempos convulsos, con una ultraderecha que cada día se extiende más por Europa y que acaba de ganar por primera vez unas elecciones legislativas en Francia. Y en España, el PP blanquea a la ultraderecha y gobierna con ellos en numerosos ayuntamientos y comunidades.
A la ultraderecha se le gana gobernando, con políticas progresistas que desmientan uno a uno sus bulos. Rodríguez Zapatero fue el presidente de la Ley de Igualdad, de la Ley de Dependencia y de la aprobación del matrimonio igualitario. Pedro Sánchez ha continuado trabajando para colocar a España a la vanguardia en derechos y libertades, con la Ley de Paridad; la revalorización de las pensiones; la mayor subida del salario mínimo; la reforma del artículo 49 de la Constitución para reconocer más derechos a las personas con discapacidad o el Ingreso Mínimo Vital.
Todos los grandes avances sociales y en derechos y libertades en España siempre se han logrado gracias a presidentes socialistas. ¿Alguien recuerda un solo avance social impulsado por el gobierno de Rajoy? Ninguno. Y de Aznar, mejor ni hablamos.
Feijóo nos mintió cuando dijo ser moderado. Nunca lo fue. Hoy defiende postulados de ultraderecha y respalda a Meloni y a Milei. Está encantado con la motosierra al Estado del Bienestar y con el recorte en derechos y libertades. El expresidente gallego se opone a todo lo que suponga una España más plural y con mayor justicia social.
Milei, el referente de Feijóo, Ayuso y Abascal, asegura que hay que cargarse la Justicia social. ¿Y qué es la Justicia social? Justicia social es que pueda estudiar quien no podría pagar la Universidad; es que te curen aunque no tengas recursos económicos; es tener un salario digno que te permita vivir de tu trabajo y es tener derecho a una pensión decente. Justicia social es mejorar la vida de la gente y es a lo que siempre se opone Feijóo y el PP.
Hoy los derechos de las mujeres también están en riesgo. Vox aspira a que las mujeres vuelvan a casa a cuidar a sus hijos e hijas, incluso niegan la violencia machista. En el Ayuntamiento de Monzón la ultraderecha pretende eliminar el contador de víctimas de violencia machista y en el municipio valenciano de Náquera PP y Vox han prohibido las manifestaciones contra los crímenes machistas. Y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha habla del “circo de la violencia machista” tras los crímenes machistas de Las Pedroñeras (Cuenca). La sociedad no puede mirar para otro lado ante esta lacra social y menos ante la oleada de violencia machista que provocó el pasado fin de semana el asesinato de cuatro mujeres y dos niños en 24 horas. No se puede permanecer impasible ante los planteamientos de Vox y la complicidad del PP, porque hay demasiado en juego.
Y hablando de derechos de las mujeres, el mes pasado el Congreso aprobó la Ley de Paridad, para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en política y en la empresa, con un 40% de representación mínima en consejos de administración y en listas electorales. Una medida apoyada por todos los partidos, menos por PP y Vox.
PP y Vox también están en contra de los derechos del colectivo LGTBIQ+. A los recortes perpetrados por el gobierno de Ayuso en Madrid, se añade el veto a colgar la bandera que representa la lucha del colectivo el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ en ayuntamientos como el de Valencia y Toledo y se suman los carteles que Almeida ha puesto en Madrid y que constituyen una falta de respeto al colectivo y a sus reivindicaciones.
En Castilla y León el presidente de las Cortes de Vox ha retirado la bandera del Orgullo de una de las ventanas donde la había colgado el grupo socialista. En Extremadura, un diputado de Vox, equiparó la lucha por la igualdad y la diversidad con asociaciones de “bigotudos que fuman”. En Cartagena, el portavoz municipal de Vox ha calificado la presencia de banderas LGTBIQ+ en edificios institucionales como una provocación hacia su partido. El PP sigue enquistado en 2005 cuando presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces no ha avanzado.
El PP no quiere reconocer tampoco al derecho a la vivienda que recoge nuestra Constitución. Al PP no le importa que el alquiler se haya incrementado un 13,2% y la vivienda un 8,4% en el último año. Las autonomías gobernadas por el PP apuestan por el pelotazo urbanístico y se niegan a aplicar la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para bajar los precios. A Feijóo y los suyos les da exactamente igual que los jóvenes no puedan emanciparse, les da igual que las familias tengan que optar entre pagar el alquiler o poder comer, les da igual los desahucios.
Ante la dramática situación, el pasado fin de semana 20.000 malagueños y malagueñas salieron a la calle y se plantaron ante las irresponsables y vergonzosas políticas de vivienda del presidente andaluz del PP Moreno Bonilla y del Alcalde de Málaga del PP Francisco de la Torre. Convocado por 47 colectivos que bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir” la ciudadanía ha dicho “¡Basta ya!” ante los precios abusivos de la vivienda. Urge una solución al problema por mucho que el PP se niegue a darla.
El presidente Pedro Sánchez está convencido de acabar con la política del barro que tanto gusta a Feijóo y Abascal. Para ello el 17 de julio comparecerá en el Congreso para presentar una propuesta de calidad democrática y para modificar la Ley de Publicidad Institucional, que incluirá limitarla y fijar un porcentaje máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque como dice el presidente: “No es aceptable que se esté financiando la desinformación”.
Hay que acabar con tanta demagogia, con tanto bulo y con tanta sarta de mentiras generadas por la derecha y la ultraderecha. Su único objetivo es alcanzar el poder a cualquier precio para hacer retornar a España a un país en blanco y negro. Por ello, es más necesario que nunca, defender activamente los derechos y libertades conquistados, por nuestro propio bien y por el futuro de nuestros hijos e hijas. ¡Que no te engañen ni te utilicen!
