María Dolores Cospedal está al borde de un ataque de nervios. Si el martes Pablo Ruz imputaba a su antecesor en el cargo, Ángel Acebes, por utilizar supuestamente dinero de la caja B del partido para comprar acciones de Libertad Digital, periódico online propiedad de Jiménez Losantos, este miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional volvía a desempolvar la mordida de los 200.000 euros recibidos por la hoy secretaria general del PP para pagar su campaña electoral en Castilla-La Mancha, siempre según denuncia en sede judicial del extesorero del partido de la gaviota, e imputaba al exalcalde “popular” de Toledo, José Manuel Molina, firmante de la concesión del servicio de recogida de basuras de la Ciudad de las Tres Culturas a la empresa Sacyr en 2007. Compañía con sus máximos dirigentes también acusados, y que en palabras de Luis Bárcenas, en la actualidad recluido en su “residencia” otoñal de Soto del Real, fueron los encargados de entregar la citada cantidad a la entonces candidata del PP a la Presidencia castellano-manchega.

El gerente, el extesorero y el exalcalde
Esta última decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional deja a los pies de los caballos a María Dolores Cospedal, que ha visto como han pasado por el banquillo de los acusados todo su staff económico. El primero en ser imputado por Ruz fue el todavía gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, firmante del recibí (ver documento) de los 200.000 euros, aunque negó ante el juez haber recepcionado el dinero, jurando que estampó su firma por miedo a Bárcenas. Meses después, el tesorero de Cospedal hasta 2007, Lamberto García-Pineda, exvicealcalde de Toledo y actor principal en la concesión a Sacyr, también llegaba a la AN, en silla de ruedas y haciendo gala de una senectud impropia de su edad, pero en calidad de imputado por mucho que dijera que no se acordaba de nada y que él solo firmaba cheques “para papel higiénico”. Tonterías aparte, se suma ahora el citado José Manuel Molina, que cierra obligatoriamente el círculo de imputados ya que no cabe citar a más protagonistas. ¿O sí?

Cospedal reconoció haber recibido 200.000 euros...
Qué Cospedal recibió 200.000 euros en 2007, eso está claro y probado. Incluso ella misma reconoció en su momento recepcionar esa cantidad (Bárcenas habla de un total de 700.000): “aportación que recibe cualquier territorio para las elecciones”, llegó a decir. Sin embargo, ni en la sede nacional ni en la regional existe asiento contable o copia bancaria del ingreso de la citada cantidad, ni mucho menos justificantes de los gastos. Los conservadores castellano-manchegos siguen sin aportar ni una sola prueba que acredite la recepción y el destino de esa supuesta mordida.

...Lo que lleva a Ruz a los aforados...
Así las cosas, Pablo Ruz ve la posibilidad de que en los supuestos hechos corruptos participaran políticos aforados, condición que en este escándalo solo ostenta María Dolores Cospedal y su mano derecha en el partido y presidente de las cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado. El magistrado lo tiene claro y en su auto (ver documento completo): “en el caso de existir indicios frente a personas aforadas, para que se produzca el cese de la competencia del instructor ordinario y la consiguiente asunción de tal competencia por el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada”, añade, “de modo que con carácter previo a una posible asunción de dicha competencia (...) debe agotarse la instrucción de la causa, a fin de permitirse una más fundada decisión no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado”.

...Y pide al PP manchego sus estatutos de 2006-2007
Y como Ruz nunca da puntada sin hilo, requiere al Partido Popular para que a la mayor brevedad, “y en todo caso en el plazo de cinco días”, advierte, la aportación al Juzgado de los estatutos o normas de régimen interno (o normativa reguladora de la organización) de la formación regional de Castilla La Mancha vigentes en 2006 y 2007. Es decir, el juez quiere saber quién y quiénes mandaban en el PP castellano-manchego en la época de la mordida, que no eran otros que María Dolores Cospedal como presidenta y Vicente Tirado como secretario general, cargo que llegó a compatibilizar con el de coordinador de servicios del Ayuntamiento de Toledo.

García-Page, y otros, llamados como testigos
El cerco se estrecha y Cospedal y Tirado están cada día más cerca del banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, si Ruz decide, como todo parece indicar que hará, enviar al TSJCLM la mordida de los 200.000 euros. Pero antes de que esto ocurra ha llamado a declarar como testigo, entre otras personas, al actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, que como aforado tiene el derecho a recibir declaración en su despacho. Sin embargo, ELPLURAL.COM ha podido saber que el también líder del PSOE manchego y senador autonómico irá a la Audiencia Nacional a “declarar de viva voz y en persona todo lo que sabe de este caso de corrupción”. En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Rafael Perezagua, tiene claro que Cospedal está cada vez “más acorralada” y augura “nuevas imputaciones” dentro del seno del PP, recoge Europa Press.

Cuadrifolio y la mordida de los 200.000 euros
Y por augurar que no quede. El martes se supo que la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha ha solicitado  seis meses de prórroga para seguir investigando los contratos del anterior Gobierno regional del PSOE con la empresa Cuadrifolio, ya que el fiscal jefe dice que se trata de una investigación “compleja y que en principio está tardando más de lo previsto inicialmente”. De ser aprobada esta prórroga, el Ministerio Fiscal tendría el caso cerrado en plena precampaña electoral autonómica, coincidiendo con la llegada al mismo tribunal de la mordida de los 200.000 euros y de la supuesta imputación de Cospedal y Tirado. De ser así, ambos casos se dirimirían entre marzo y mayo de 2015. Demasiados paralelismos que en nada beneficiarían a la  credibilidad e imparcialidad de la Justicia.