La policía cree que la Xunta en Vigo amañó la adjudicación de dos cursos de formación a la empresa de la hermana de la concejala del PP de Ponteareas, Belén Villar. Las investigaciones apuntan directamente a la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch. La prueba de cargo está en la grabación de una conversación entre la Delegada de la Xunta y el dueño de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais, uno de los principales implicados en la 'Operación Patos'. En esta operación la policía investiga desde el año 2013 el amaño en la adjudicación de 44 contratos públicos por importe de 17 millones de euros y en la que hay 51 implicados de los que 46 son políticos, en su mayoría del PP gallego, aunque curiosamente La Voz de Galicia y la prensa conservadora solo ponen el foco en el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que ni siquiera está imputado.



Tomando un vino
Las escuchas telefónicas permiten a los investigadores de la ‘operación Patos’ deducir que este contrato de 88.247 euros con el que se benefició a Aulatel Formación también estuvo amañado. La adjudicación se habría fraguado en una cafetería situada en las inmediaciones de la sede de la Xunta en Vigo mientras la Delegada y el constructor se tomaban un vino.
«Le va a dar, le va a dar, además tiene bastantes, que me llame y yo le digo lo que tiene que hacer, ¿vale?», le comunicaba Pais a la concejala del PP en Ponteareas sobre  las gestiones que había hecho para beneficiar a la empresa de su hermana mientras se tomaba un vino con la responsable política, según apunta la policía.

De la investigación policial se desprende que la propia Delegada de la Xunta, María José Bravo Bosch, habría recomendado a los beneficiarios por medio de Enrique Alonso Pais que cambiaran su oferta y disminuyeran el número de horas de los cursos formativos. «Que corrija, que ponga los cursos de 400 o de 300 horas y que lo presente, que hoy es el último día», dice en la grabación el dueño de Eiriña a la concejala del PP.
Días después, la policía registra una llamada a la concejala de Ponteareas de su cuñado, administrador de la empresa de formación, interesándose por si el asunto de los cursos ya estaba «agarrado». «Uno seguro, dos vamos a ver», le respondió la concejala. El empresario y cuñado de la concejala del PP no quería más. «Yo por ejemplo tres no quiero, no me interesa porque dan más trabajo y no más ganancia», según se recoge en otro de los pinchazos telefónicos. La empresa también habría intentado enchufar empleados en la Autoridad Portuaria de Vigo y en Ponteareas.

Imputada y en el cargo
El Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha imputado por estos hechos a María Bravo Bosch, su jefe de gabinete, Francisco Javier Carballeda, el jefe del servicio de Formación, Juan Pedrosa, el auxiliar Alfonso Fernández y los titulares de la empresa de formación, Benilde Villar y José Paulo dos Santos. La titular del Juzgado ha empezado a enviar las citaciones a los 46 nuevos imputados para interrogarlos por un supuesto delito de tráfico de influencias. Los primeros investigados tendrán un mes para preparar su defensa y pasarán a declarar a finales de octubre.