El curso político echa el cierre, pero antes hay que dar carpetazo a los deberes de última hora. El Congreso de los Diputados afronta una sesión maratoniana antes de las vacaciones. Un pleno ómnibus con varios asuntos pendientes y que a la postre testeará el camino que seguirá la legislatura. Sobre la mesa, asuntos cruciales como la reforma de la Ley de Extranjería, la del Poder Judicial y la propuesta de los nuevos vocales, el techo de gasto o el decreto anticrisis; pero también otras cuestiones alejadas del foco mediático como las enmiendas del Senado a la Ley de Paridad, entre otras tareas legislativas. En definitiva, una cita que permitiría -o no- a la coalición encarrilar su mandato, al margen del escenario catalán y de la primera toma de contacto del equipo negociador de Moncloa con los grupos para la confección del plan regeneración democrática.
El Pleno del Congreso de los Diputados se reúne este martes con una agenda incandescente. Arrancará la sesión ómnibus con el estruendo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería impulsado por PSOE y Sumar, con la bendición de Coalición Canaria y continuará con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial pactada por los socialistas y el Partido Popular, antes de abordar dos proyectos de ley de agentes forestales y medioambientales y otro de bomberos forestales. Seguirá con las enmiendas del Senado para la Ley de Paridad -clave para la tramitación presupuestaria- y la Ley de Creación de la Autoridad Legislativa, para cerrar con el debate del techo de gasto y la propuesta de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Test a la legislatura
La jornada en su totalidad tiene su miga. El arranque de la sesión lo marcará una de las cuestiones más controvertidas de la agenda política en las últimas semanas, con la reforma de la Ley de Extranjería que ha sido el casus belli del divorcio del matrimonio PP-Vox. Un texto del que se ha descabalgado la ultraderecha parlamentaria y cuya viabilidad está condicionada o bien al sustento del propio Partido Popular o de Junts y ERC, en su defecto. Las formaciones independentistas condicionaron el sentido de su voto a la exclusión de Cataluña de la “solidaridad” obligada para la acogida de menores migrantes, aunque este no parece el camino a seguir.
Se abre así una dicotomía no sólo para el corto plazo, sino también para el futuro de la legislatura, habida cuenta de la posibilidad de que el Partido Popular dé su brazo a torcer en la votación. En el Gobierno confían en esta vía ante las posiciones enquistadas de sus socios soberanistas, aunque Génova se ha encargado este lunes de disiparlas anunciando su voto negativo en la toma en consideración. Pese a ello, Moncloa insiste en tender la mano a los populares y reconducirles hacia una abstención que, toda vez superado el primer escollo parlamentario, presenten enmiendas al texto.
La Ley de Extranjería será uno de los dos termómetros que tomen la temperatura a la estabilidad del Gobierno, especialmente con sus socios. La última prueba pasa por el decreto anticrisis. En esta carrera, el Ejecutivo tendrá que reavivar el fuego del bloque de la investidura mientras pone a prueba la imagen de partido de Estado que pretende proyectar el Partido Popular, liberado de las ataduras de Vox en sus autonomías. De los aliados habituales de la coalición, tan sólo EH Bildu ha manifestado su voto favorable a la convalidación del paquete, aunque los republicanos catalanes deslizan que la negociación con Moncloa avanza en buena dirección. PNV y Junts apuestan por la prudencia, mientras que Podemos amaga con romper la armonía progresista al reclamar que algunas medidas sean permanentes y no tengan fecha de caducidad.
Primer paso hacia los Presupuestos
Donde sí irán de la mano la coalición y sus socios será en el ámbito de las Cuentas Públicas. El pasado martes, el Gobierno arrancó la carrera presupuestaria después de que el Consejo de Ministros aprobara el techo de gasto (199.171 millones de euros), así como la senda presupuestaria (dejando el déficit público para 2025 en un 2,5%). Dos cuestiones que se someterán este martes al escrutinio de la Cámara Baja y a las que el bloque de la investidura dará su visto bueno, consolidando el camino hacia la aprobación definitiva de los Presupuestos.
Para ello es preciso que Moncloa y sus aliados aprueben de manera definitiva la ley de paridad. El texto está estrechamente vinculado al debate presupuestario, pues el Gobierno incluyó en la norma una enmienda que suprime la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria que introdujo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2012. Ello impediría que el PP pase el rodillo de su mayoría en la Cámara Alta para tumbar los objetivos de déficit y acabe bloqueando su tramitación. Tanto PSOE como Sumar son conscientes de que queda mucho camino por recorrer para aprobar las Cuentas Públicas, aunque sí habrán salvado la primera bola de partido.
Futuro incierto con el PP
Este martes se pone fin a cinco de bloqueo del CGPJ con la renovación de los diez vocales que le corresponden al Congreso y que emanan del acuerdo entre PP y PSOE del pasado mes de junio. A ello se le suma la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que mandatará al renovado órgano a elaborar y aprobar, en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos, una propuesta “de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial”.
El acuerdo de Bruselas abría la puerta al entendimiento entre los dos partidos tradicionales para otras cuestiones de Estado. El Gobierno comprobó la robustez de este acercamiento con las negociaciones del Banco de España y de la Junta Electoral Central (JEC). En paralelo, los barones territoriales del PP, con el beneplácito de Génova, aceptaran la derivación de menos de 400 menores migrantes en la Conferencia Sectorial de Tenerife del pasado 10 de julio. Fruto de ello, Vox inició los trámites del divorcio autonómico con los conservadores, que, sin las ataduras de la ultraderecha, disfrutan de mayor libertad de movimientos.
Sin embargo, esa aproximación se diluyó entre la polémica derivada de la reforma de la Ley de Extranjería. PP y PSOE han cruzado reproches en las últimas semanas que han derivado en la negativa conservadora a respaldarla en la toma en consideración. Los conservadores, tras una conversación telefónica entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, sospechan que el Gobierno ha escogido la opción de Junts y ven próximo un acuerdo con los neoconvergentes. Está por ver si reconsiderarán su posición y, como mínimo, se abstienen en la votación de este texto.
