Padres y madres con hijos e hijas en edad escolar con representación en Compromís han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para impedir que prospere la consulta sobre la lengua -castellano o valenciano- en la que estudiará el alumnado a partir del curso 2025-2026.
Tal y como anunció el Consell, encabezado por Carlos Mazón, entre el 25 de febrero y el 5 de marzo las familias con hijos escolarizados en centros de la Comunidad Valenciana podrán decidir de manera telemática la lengua base de cara al próximo curso. Una iniciativa que no ha resultado de ningún agrado por parte de la oposición que califica como “referéndum sin ninguna base pedagógica” la propuesta y contra la que han presentado medidas cautelares ante el Alto Tribunal valenciano.
Firmado por diputadas y diputados de Les Corts, el Congreso, las diputaciones provinciales y concejales de Castellón de la Plana, Valencia y Elche, el grupo parlamentario Compromís ha denunciado con el recurso que con esta consulta “solo se pretende enfrentar a unas familias con otras” y abrir una “guerra lingüística”. En esta línea, tanto el portavoz de Educación, Gerard Fullana, como el síndic Joan Baldoví han expresado el descontento destacando las consecuencias que se pueden derivar de la consulta: “Formamos parte de las 570.000 familias afectadas por este referéndum sin ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas”.
Por su parte, han calificado como “cortina de humo” por parte del Partido Popular la iniciativa, con el objetivo de desviar el foco de atención de la investigación a los populares y al conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante la DANA. Entre otras cosas, han lamentado que “hay una falsa libertad porque a centenares de miles de familias se las obligará a estudiar en una opción no elegida, con un agravante: no hay justificación pedagógica para esta cuestión”.
Una orden con “motivo de nulidad”
En línea con el recurso presentado por Compromís y las denuncias expresadas por la formación, han añadido que la consulta contaría con motivos de nulidad si se tienen en cuenta diferentes aspectos. Por una parte, señalan que “se obliga a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial, y es un elemento importante con jurisprudencia suficiente”. Entre otras cosas, añaden también que, con esta consulta, “no se garantiza a cada familia la lengua por la que votó y que el procedimiento únicamente telemático es ilegal”.
Por ello, justifican la legitimidad del recurso que presentan “a título individual las familias, las madres y padres de Compromís” con representación en las instituciones. “Somos usuarios de la escuela pública y de la enseñanza en valenciano y esto nos legitima para presentar este recurso”, ha defendido Fullana.
UGT denuncia “vulneración de autonomía” de los centros
Con todo ello, el recurso presentado este lunes por Compromís se suma al que presentó el pasado viernes UGT-Enseñanza Servicios Públicos del País Valencià. Según sostienen desde el sindicato, la consulta lanzada por Rovira “vulnera la autonomía de los centros educativos, claustros de profesorado y consejos escolares, donde ya están representadas las familias para decidir sobre asuntos pedagógicos, educativos y académicos como el trabajo con las lenguas cooficiales, que tienen que ser ambas vehiculares en los proyectos educativos y plurilingües de los centros”.
En líneas similares, el sindicato ha advertido de un retroceso de los derechos de los valencianoparlantes ya que “sitúa el valenciano en una posición de inferioridad respecto al castellano dentro del sistema educativo”. “La iniciativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón y el consejero José Antonio Rovira tiene como objetivo arrinconar nuestra lengua en un momento especialmente preocupante para su supervivencia social y académica, tal y como señalan diferentes encuestas sobre los usos lingüísticos”, añaden.