El grupo parlamentario de Compromís ha llevado este jueves a la Conselleria de Educación a la Fiscalía por prevaricación y desobediencia al “incumplir” el mandato del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con los acuerdos de aumento de plantillas del profesorado firmados en el anterior gobierno autonómico del Botànic.

El diputado y portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha presentado hoy mismo la denuncia tras dar un toque de atención al ejecutivo autonómico y no recibir respuesta por su parte. Por ello, se ha personado esta mañana ante la Ciudad de la Justicia de Valencia defendiendo que llegan para “dar un paso contra la impunidad absoluta en la que se ha instalado el Consell”.

Al hilo de esto, desde Compromís denuncian que “el mazonista Rovira ha recortado 1.900 maestros y profesores en contra de lo que ha dicho la justicia. Ha abandonado la educación pública como abandonó al profesorado y al alumnado el día de la DANA”. Por su parte, Fullana ha defendido la denuncia “totalmente justificada” alegando la desobediencia que desde Educación han hecho a la sentencia del TSJ -con la que se pretendía dotar de 1.898 docentes las aulas en este curso- y reprochando que “ya está bien de inmunidad”.

Sobre esto último, el diputado de Compromís se ha referido a la influencia que Mazón ha podido tener en la Conselleria. “El president Mazón parece haber contagiado a todos sus consellers de su sensación de impunidad absoluta y se creen por encima del bien y del mal atacando no solo a la educación pública, sino siendo además capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado”, ha lamentado Fullana.

Por todo ello, solicitan en la denuncia, que viene acompañada de 14 documentos, entre ellos autos, providencias y artículos de prensa, que abra diligencias de investigación para esclarecer si hay responsabilidades penales del conseller, José Antonio Rovira, y otros altos cargos “responsables de este incumplimiento”, ya que podrían estar cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial

Alegan “venganza política” de Rovira

Entre otras cosas, desde el grupo parlamentario afean también que el anuncio por parte de Rovira de retirar 1.900 docentes se produjera el día después de una huelga educativa, por lo que denuncian también un mensaje “claro de chulería y de venganza política hacia los sindicatos y profesorado de que si secundaban el paro no habría ese incremento de profesores en un acto antidemocrático prácticamente sin precedentes”. 

En esta línea, el diputado ha añadido que la gestión del conseller de Educación "nos recuerda mucho a aquel gobierno lamentable de las épocas de Zaplana y de Camps, Mazón ha situado al Consell en muy poco tiempo en un índice de vergüenza que ya hacía tiempo que no veían los valencianos”. 

Los efectos de la desobediencia en el alumnado

Al hilo de esta denuncia, desde Compromís han querido insistir en las consecuencias que se han derivado del incumplimiento de la sentencia del TSJ durante cuatro meses en el alumnado, causando “efectos irreparables”. Asimismo, por lo que hace al profesorado, también destacan que “ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración”. 

“Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Conselleria de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración”. Asimismo, ha insistido en que los delitos presentados a la Fiscalía, “se agravan por el hecho que haya ya consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración, y podrían ser motivo de penas de inhabilitación e incluso de prisión”.

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