[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"29957","attributes":{"class":"media-image alignnone wp-image-111957","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"720","height":"480","alt":"Vista general del hemiciclo, durante la intervenci\u00f3n en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (en la tribuna), para informar de las conclusiones del \u00faltimo Consejo Europeo y en la que puede avanzar algunos de los nuevos ajustes econ\u00f3micos que prev\u00e9 llevar a cabo. EFE"}}]]

La empresa Eurest Colectividades S.L., encargada de proveer el servicio de cátering en el Congreso de los Diputados, utiliza las instalaciones de la organización religiosa Fundación Instituto San José, que cuenta sólo con un permiso para cocinar los alimentos que gestiona con un fin “asistencial”, y éste no es el caso. Desde esas cocinas ilegales salen diariamente camiones de la empresa a las instituciones públicas donde tienen concesión, incluido el Congreso.

Sin embargo, desde la cámara parlamentaria aseguran que el cátering "se desarrolla íntegramente en los edificios" de la carrera de San Jerónimo "contando para ello con las instalaciones, cocinas, comedores y cafetería" que existen en dichas dependencias, según "consta expresamente en el pliego de prescripciones técnicas del concurso". Así lo han afirmado en un comunicado y en una visita guiada que han realizado a las cocinas del edificio.

Una denuncia particular en el Ayuntamiento
La empresa Eurest Colectividades, S.L tiene alquiladas las instalaciones de la organización religiosa, a donde incluso ha trasladado su domicilio social. Una denuncia particular alertó al Ayuntamiento de Madrid, que preside Ana Botella, de la irregularidad, y éste le dio un plazo de dos meses para que solucionara su situación irregular. En agosto expiró el plazo dado por el Consistorio y ahora se encuentra en “trámite de audiencia previo al decreto del cese de actividad”, según adelanta El Mundo.

Habría que modificar el Plan urbanístico
El concejal socialista Gabriel Calles, miembro de la Comisión de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de la capital, ha explicado que sería necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que cambiara “el uso de un suelo dotacional para equipamientos sociales por el de uso industrial”, para poder solucionar la situación, pero que si se hiciera sería visto como “un trato de favor claro respecto al resto de los madrileños”.

El PSOE dice que el Ayuntamiento ha hecho la vista gorda
El portavoz del Grupo socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, ha puesto en cuestión la acción del Ayuntamiento al acusarle de “hacer la vista gorda” mientras la organización religiosa ha estado “saltándose la legalidad desde 2008”, realizando una “actividad sin el permiso pertinente”.

El Consistorio le concedió una licencia de ocupación a la carrera
El edificio de la Fundación Instituto San José estuvo utilizándose durante al menos cuatro años sin licencia de primera ocupación y funcionamiento hasta que el Área de Urbanismo del Ayuntamiento le concedió el permiso en diciembre pasado, significativamente 29 días antes de que se ejecutara la orden de cierre, que había sido decretada dos meses antes.

En febrero de este año, la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (Agla), que depende del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento recibió otra denuncia sobre la irregularidad de la organización religiosa. En mayo, el Consistorio le dio dos meses de plazo para que legalizara su situación, cosa que aún no se ha producido, aunque Eurest Colectividades sigue proveyendo al Congreso de los Diputados.

El Congreso, de escándalo en escándalo
Este nuevo escándalo llega después de que el Congreso retirara la adjudicación del servicio de catering al grupo Arturo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y un hombre de la órbita del PP. El empresario está inmerso en un proceso judicial por denuncias de pagos en negro a sus empleados. Varios grupos parlamentarios exigieron tras la revelación que se retirara el contrato a Fernández, a quien, por otra parte, Hacienda reclama una deuda; de hecho, en su momento dio orden al Congreso para que embargar los pagos a Arturo Cantoblanco.