El titular de que Ciudadanos desbloqueaba la rebaja de la represión en la Ley Mordaza del Partido Popular ha durado bien poco y la formación de Albert Rivera corre ahora el riesgo de acabar siendo más papista que el Papa. Entre las 120 enmiendas que han presentado contra las iniciativas del PSOE para derogar, y del PNV para modificar, la Ley de Seguridad Ciudadana, ha incluido una para que la Policía pueda entrar en un domicilio ocupado sin tener orden judicial.
La medida ha provocado polémica y críticas por recordar a la conocida como Ley Corcuera -por el apellido del ministro socialista bajo cuyo mandato se aprobó en 1992, José Luis Corcuera- o también llamada Ley de patada en la puerta, por el artículo que establecía más o menos lo que ahora propone el partido de Albert Rivera.
El Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 18 de la Constitución que dice que “el domicilio es inviolable”, declaró el artículo en cuestión que señalaba lo siguiente: “Será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal”.
La propuesta de Ciudadanos va orientada a pisos y locales que hayan sido ocupados y en los que se crea que se están cometiendo delitos. Es decir, "si el legítimo titular hubiese denunciado la ocupación" de un inmueble "y existiesen indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos, se considerará (...) causa legítima para la entrada, registro e identificación de los ocupantes, con independencia de las eventuales disputas sobre la legitimidad de los títulos jurídicos de la ocupación".
Desde Ciudadanos han aclarado que la medida sería para "inmuebles que no revistan la condición de domicilio, como es el caso de un local", y siempre que antes "el propietario hubiese denunciado la ocupación y existiesen indicios de que dicho inmueble se está empleando con fines delictivos". La formación naranja insiste en que "obviamente" su propuesta no afectaría "en ningún caso a inquilinos en situación de vulnerabilidad que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca: es para casos en que el inmueble no sea domicilio, haya denuncia del propietario y haya indicios de que se están cometiendo delitos".
"Para personas o familias vulnerables hemos presentado hace meses una ley de segunda oportunidad destinada precisamente ampararles, imponer la dación en pago y facilitar el acceso al alquiler social", añaden.
Rivera, en una entrevista concedida este jueves, pasó serios apuros para intentar justificar esa propuesta y argumentar cómo la Policía puede argumentar su entrada en la vivienda. "No es un capricho, ya existe en muchos países que la Policía pueda actuar y luego un juez valorarlo", insistió.
Su defensa de la propuesta ha recibido numerosas críticas en redes sociales: