El Gobierno revisará el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', que prepara la ministra de Igualdad, Irene Montero, antes de llevarlo al Consejo de Ministros. La intención del Ejecutivo es valorar si se deben incluir algunas de las objeciones planteadas por los órganos consulticos en sus informes no vinculantes.
El Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, hizo un informe favorable, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue muy crítico con el proyecto de ley, a pesar de sus ponentes progresistas. Aún falta el dictamen del Consejo de Estado, antes de que el texto llegue al Consejo de Ministros y sea, posteriormente, remitido al Parlamento, lo que no se espera antes de abril, según adelanta el periodista Fernando Garea, en El Confidencial.
Calvo revisará el texto de la ley
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mirará el proyecto de Montero antes de que llegue al Consejo de Ministros, lo que la expondrá a otro posible enfrentamiento con la ministra de Igualdad. Calvo ha defendido que se trata del trámite ordinario que siguen los proyectos de ley, un proceso largo que requiere consultar a los ministerios afectados y a los órganos consultivos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que es jueza y fue vocal del CGPJ, recomendó el jueves que se tengan en cuenta las objeciones.
El CGPJ diferencia agresión de abusos
El Consejo General del Poder Judicial aprobó el jueves un informe muy crítico, cuyos vocales fueron Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda. Una de las magistradas es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y la otra tiene una experiencia de décadas en la defensa de víctimas de agresiones sexuales.
Los jueces se oponen a la creación de "una única categoría delictiva de agresión sexual", que aglutinaría lo que hoy constituyen dos tipos de delitos, el de agresión sexual y el de abusos sexuales, "conlleva una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad”.
“No compartimos que se deba sancionar igual a quien emplea violencia o intimidación en un ataque contra la libertad sexual que a quien no lo hace. Creemos que la propuesta lesiona el principio de proporcionalidad y puede generar un efecto preventivo general perjudicial, pues el agresor podría recibir sanciones análogas tanto si recurriera a la violencia como si no”, dice el informe del CGPJ.
Los jueces defienden el actual Código Penal
El CGPJ recuerda que “la actual regulación del Código Penal ya sanciona como delito cualquier acto sexual realizado sin consentimiento. En ningún caso la actual regulación exige que se haya emitido una negativa o se haya ofrecido resistencia por la víctima. El Código Penal ya sanciona todos esos casos”. Los jueces recuerdan que todo proceso judicial parte de la presunción de inocencia del acusado.
El Consejo Fiscal es favorable al proyecto
El informe del Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, es faborable al proyecto de ley de la ministra Montero,y propone que se redacte expresando que solo se entenderá que existe consentimiento cuando la víctima haya manifestado libremente su voluntad expresa de participar en el acto. El órgano defiende que, con esta modificación, queda más clara la importancia de este sí expreso.
Sin embargo, ve problemas técnicos en la parte de la ley relativa a la regulación de los delitos de prostitución y considera que la redacción no ofrece garantías suficientes para la persecución de esos delitos y por ello hará una propuesta técnica.
