La sociedad de Begoña Villacís, Iuriscontencia S.L va a seguir dando algún que otro quebradero de cabeza a la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. Izquierda Unida vuelve a la carga contra la dirigente naranja en el Consistorio madrileño. Esta vez, según publica el diario ABC, la formación presentará una querella criminal contra la concejala ciudadana.
Izquierda Unida ha esgrimido que se produce un posible “conflicto de intereses” entre su actividad municipal y la de la sociedad Iuriscontencia S.L. que tantos problemas le ha acarreado en los últimos años. La candidata figura como “administradora” y la formación quiere acudir a los tribunales “tras detectar presuntas incompatibilidades con el desarrollo de su actividad como concejala y portavoz de un grupo municipal”.
Desde IU sostienen que es necesario “poner las irregularidades en conocimiento de la Justicia”. Esta querella fue anunciada en su día por Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde. Ahora han decidido que es el momento de actuar porque consideran que la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía pudo incurrir en un conflicto de intereses por intervenir en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al Ejecutivo regional mientras figura como administradora de la sociedad que gestiona el bufete que interpuso la querella de la Unión Policial Municipal contra Monedero y Rommy Arce a raíz de los incidentes en Lavapiés.
Violación del artículo 441
Valiente calificó como “muy grave” lo que ocurrió con respecto a la sociedad de Villacís. “No sólo no se informó de la situación que tenía con la sociedad, sino que ha intervenido en cuestiones de clientes de la empresa”, precisó el tercer teniente de alcalde de la corporación. A su vez, destaca que la concejala violó el artículo 441 del Código Penal.
Este texto recoge que “la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años”.