La visita institucional de Isabel Díaz Ayuso a México ha elevado la tensión política entre España y el país nortemaricano después de que la presidenta madrileña reivindicara públicamente la conquista española, el mestizaje y la figura de Hernán Cortés.
Durante su intervención en Ciudad de México en el encuentro Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, Ayuso defendió “cinco siglos de mestizaje” entre España y México como una historia marcada por “el amor” y no por “el odio”, además de ensalzar la figura de Isabel la Católica y el legado hispánico en América.
Sus palabras han coincidido con una contundente respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien, sin mencionar directamente a Ayuso, lanzó un mensaje contra quienes “reivindican a Hernán Cortés y sus atrocidades”, asegurando que quienes promuevan injerencias extranjeras “están destinados a la derrota”.
El artículo constitucional mexicano que agrava la polémica
La controversia adquiere una dimensión aún más delicada por el contenido del artículo 33 de la Constitución mexicana, que establece que las personas extranjeras no podrán inmiscuirse en asuntos políticos internos del país. Dicho precepto faculta además al Ejecutivo federal para expulsar del territorio nacional, previa audiencia, a cualquier extranjero cuya presencia considere inconveniente. En su Capítulo III, la Constitución es nítida: "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país", señala.
Y añade: "El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención".
Este marco legal convierte cualquier pronunciamiento político de líderes extranjeros en territorio mexicano en una cuestión potencialmente sensible desde el punto de vista diplomático, especialmente cuando aborda debates históricos, identitarios o de soberanía nacional.
Los precedentes de expulsión por injerencia política
Entre los precedentes más llamativos de aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana figuran varios ciudadanos españoles. Durante el conflicto de San Salvador Atenco fueron señaladas Valentina Cortés Torrida y Cristina Valls Hernández por su implicación y posicionamiento frente a la represión policial.
También fueron objeto de medidas los miembros de la izquierda abertzale Asier Altuna y Floren Aoiz por promover en México planteamientos separatistas vinculados al País Vasco. El caso más mediático fue el de Manu Chao, declarado persona non grata tras criticar públicamente la actuación política del Gobierno mexicano, mientras que la activista María Sostrés fue perseguida por su participación en movimientos indígenas, agrarios y zapatistas.
Estos episodios reflejan cómo esta herramienta constitucional ha sido utilizada históricamente para sancionar declaraciones o actividades políticas de extranjeros consideradas incómodas para el poder mexicano.
