El informe de la auditoría de la gestión del Puerto Deportivo de Benalmádena en el anterior mandato municipal del gobierno conformado por el PP e independientes de Unión Democrático de Benalmádena (UCB), ha arrojado unos resultados que ponen el vello de punta.
Un pleno extraordinario del Ayuntamiento, celebrado este viernes, dió a conocer datos que, aunque no han sorprendido, sí han hecho redimensionar en altura lo que se especulaba.
Sueldos de 40 mil euros a familiares
La Unión Centro Benalmádena (UCB), era una formación independiente, clave para la formación de gobiernos estables en la localidad. Su presidente, Francisco Salido, mientras fue socio de gobierno del PP, mantuvo a tres familiares directos como asesores, con sueldos de casi 40.000 euros anuales en las delegaciones que controlaba su formación. Hoy Salido se enfrenta a una montaña de causas, que incluye una terriblemente dolorosa como es la gestión de los fondos del “Comedor social” de Benalmádena” mientras era primer teniente de alcalde con el PP y concejal de Bienestar Social.
Facturaciones de 3 millones solo a dos empresas”
Según la auditoría, de la que ha informado al pleno la concejala del Puerto Deportivo, Encarnación Cortés, las conclusiones son, literalmente, demoledoras para los anteriores gestores. Un dato lo avala: el total facturado por las contratas relevantes suma 4.404.563,68 euros. De esta inmensa cuantía, casi el 70 por ciento, el equivalente a 2.916.081,20 euros, se adjudicó, siempre, a solo dos grupos de empresarios. Para ello fue necesario eliminar las normas básicas y obligatorias de la Ley de Contratos del Sector Público. Según la auditoría de la Intervención municipal, la forma de contratar se desarrolló con un desprecio sistemático” a la ley.
En ese sentido se recoge el privilegio del que gozaban estas empresas para ser convocadas a presentar sus presupuestos, obteniendo luego por los contratos adjudicados más de la mitad del dinero público.
Un “modus operandi peculiar”
La forma de actuar se repite una y otra vez. Estos empresarios “privilegiados” por el dedo contractual y generoso de los responsables municipales del Puerto optaban siempre a los procesos públicos de contratación, vulnerando de esta manera el principio de libre concurrencia. La concejala del Puerto llega a desvelar que se han detectado contrataciones en las que un mismo empresario presentaba hasta tres ofertas distintas mediante el uso de tres sociedades con nombres diferentes”.
En un alarde de imaginación e ingeniería económica llegan, incluso, a inventarse figuras nuevas de contratación, al prorrogar, durante tres años, mes a mes, un contrato menor de un solo mes. El sumatorio final “superaba con creces la de un menor”.
La justicia está investigando
Todos estos hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía, lo que ha originado distintos procedimientos judiciales, algunos de ellos ya en marcha. A raíz del conocimiento de este caso, la Fiscalía les imputa a quien fuera primer teniente de alcalde y concejal del Puerto Deportivo, Francisco Salido de la UCB, y que gobernó en coalición con el PP hasta casi el final del mandato (hasta el 18 de noviembre de 2014), y al ex gerente del recinto portuario, José Manuel López Merino, un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad. Por ello Fiscalía pide penas de cuatro años y tres meses de prisión.
Cabe recordar la dura calificación que de estos hechos realiza el fiscal y que trajo a colación la concejala actual del Puerto Deportivo: "Todos los acusados aceptaron participar y cooperar en la trama descrita, siendo plenamente conscientes todos ellos tanto de la manipulación documental como de la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad en la que incurrieron todas las resoluciones administrativas que llevaron a cabo en el expediente de contratación del dragado del puerto y sus diques, con la única finalidad de acabar adjudicando el contrato de dragado a quienes finalmente fueron sus beneficiarios por afinidad, en perjuicio de quien había sido el legítimo y legal adjudicatario inicial".
Transparencia máxima ahora frente a la situación anterior
Frente a la situación que se vivió en el mandato anterior, Encarnación Cortés ha realizado cambio radical en términos de transparencia y legalidad, pues todos los miembros del Consejo de Administración disponen de toda la documentación y pueden acceder a la información que necesiten.
Adjudicaciones sin informes ni garantías
El alcalde de Benalmádena, el socialista, Víctor Navas, ha concluido que el equipo de gobierno del PP, que ocupó la Alcaldía de Benalmádena entre 2012 y 2015, falló en los tres controles que tenía que aplicar sobre la gestión del Puerto Deportivo de Benalmádena, "el control como sociedad, el administrativo y el control político”. En ese sentido ha señalado que los consejos de administración del Puerto Deportivo se realizaban sin informes de legalidad, ni garantía alguna, y, por ello, los consejeros representantes del Partido Popular de aquel momento “están siendo juzgados por aprobar en dicho consejo una subida de sueldo irregular para el concejal del Puerto".
De hasta qué nivel las irregulares contrataciones y este “modus operandi” estaban instalados en el Puerto y en sus representantes, da fe la eliminación de los controles de tipo administrativo que, en el culmen de las argucias, hizo que el Gobierno municipal del PP llegase a “apartar de sus responsabilidades a un trabajador del Puerto que denunció las irregularidades que detectaba”.
El PP desoyó las denuncias de la oposición
Para cerrar sus demoledoras conclusiones, el primer edil ha asegurado que el Partido Popular "falló también en el control político estando en la oposición, al no denunciar nada, tal y como debían haber hecho en su labor de fiscalización; como desde el gobierno municipal”. Navas ha recordado cómo, durante esa legislatura, en cada pleno, "los partidos de la oposición advertíamos y denunciábamos las irregularidades que se cometían en el puerto, y por parte del equipo de gobierno nunca nos escucharon o tomaron en consideración los hechos denunciados".
El alcalde socialista ha criticado, además, que "el anterior equipo de gobierno del PP solo cesó a Francisco Salido y al gerente del Puerto cuando éste último fue inhabilitado como abogado, y ya no le fue posible seguir mirando hacia otro lado para mantenerse en Alcaldía con el apoyo de UCB".
Los independientes, unos se dan de baja pero otros se van al PP
Se da la circunstancia, y este dato es muy revelador de en qué se había convertido en Puerto Deportivo y su gestión, de que los miembros de UCB que sospechaban de todas estas irregularidades se dieron de baja del partido y denunciaron ante la justicia lo que estaba sucediendo. En cambio, los concejales de esta formación independiente que continuaron en el partido hasta la conclusión del mandato anterior se integraron en el PP".
Ahora se explica la moción de censura a los socialistas
Tras conocer los resultados de esta auditoría. Navas ha llegado a la conclusión de que la moción de censura que desbancó de la alcaldía a un regidor socialista en 2012 fue una operación política diseñada para apartar al equipo de Gobierno que se había convertido “en obstáculo y cortapisas de las irregularidades que estaba cometiendo UCB al frente del Puerto Deportivo, y que siguieron desarrollando ante la pasividad del PP como socios de gobierno".
Cabe recordar que el mayor instigador de la moción de censura y responsable del “fichaje” del líder de la UCB, Francisco Salido, fue el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, actual consejero de Presidencia en la Junta de Andalucía. Después, Salido fue primer teniente de alcalde y vinieron los desmanes que la auditoría informa.
