La sanidad andaluza continúa en plena crisis mientras las informaciones sobre su deterioro se solapan con nuevos datos sobre la gestión pública. Ahora se ha conocido que la Junta que lidera el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha recibido un tirón de orejas de los interventores. En concreto, de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), quienes han denunciado el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo cerca de 300 millones de euros a empresas privadas "sin justificación alguna".
Abuso del sistema de contratación en el SAS
Según publica este martes elDiario.es, el órgano fiscalizador del Gobierno de Andalucía ha emitido un documento, bajo el nombre Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021, en el que denuncian que la Junta ha emprendido un uso "indebido" de las contrataciones de emergencia -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa- hasta un año después del impacto de la pandemia de coronavirus, por lo que ya deberían haber vuelto a una tramitación ordinaria.
De hecho, en el informe de 138 páginas aseguran que en mayo de 2021 "la pandemia ya estaba muy atemperada" dado que era más "previsible" que en 2020, y por lo tanto "ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria". El marco de actuación excepcional se habilitó por parte del Gobierno central para agilizar la actuación de las administraciones en lo peor de la crisis sanitaria, y se derogó ese mismo mes.
El análisis que ha realizado la Intervención del SAS, que es "desfavorable" sobre todos los contratos a dedo que se realizaron ese año -3.669 expedientes por valor de 296,3 millones de euros para empresas privadas-, también apunta al "mal uso o abuso" del sistema de contratación de emergencia durante aquel año, cuando se llevaron a cabo 126 expedientes con un gasto de unos 56,6 millones.
Tal y como recoge el citado medio, el documento asegura que la decisión del SAS de extender este sistema hasta finales de 2021 supuso ignorar las órdenes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de abril de 2020 y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que "el recurso a la contratación de emergencia" para "hacer frente al COVID-19" debía tener "carácter excepcional y residual". "El artículo está plenamente derogado", recordó también.
Sin embargo, la gerencia del SAS quita importancia a estas críticas, asegurando que "no tiene ninguna virtualidad", y asegura que tras su derogación el marco legal "continuó vigente la norma que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecía la misma justificación para acudir a la contratación de emergencia". Pero los auditores reprochan que "realice una serie de juicios de valor, que no se entra a analizar por no tratarse de alegaciones a incumplimientos normativos".
El segundo Estado de Alarma
De hecho, los interventores consideran que el Estado de Alarma en ese momento ya no respondía a una "imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo", los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia, como se hacía por ese entonces en Andalucía. Cabe señalar que los médicos del SAS se sienten "abandonados".
"Previamente a la exposición de los trabajos es preciso destacar que, una vez finalizado el segundo Estado de Alarma por la pandemia -9 de mayo de 2021-, no encuentra justificación alguna el acudir a la contratación de emergencia, motivando tal tramitación en la situación provocada por la COVID-19", añade también el documento, donde recogen que en ese periodo no hubo una "interrupción significativa" de la actividad, por lo que extender la excepcionalidad no tenía ya sentido.
"De lo contrario se estaría utilizando el procedimiento de emergencia como algo distinto a lo previsto en dicha ley limitando los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública, así como la eficiente utilización de fondos públicos, principios consagrados tanto en la normativa estatal, autonómica como de la Unión Europea", señalan.
Así, los auditores acusan al SAS de ignorar la menos una docena de artículos de la LCSP que regulan los requisitos para justificar la contratación a dedo, entre ellos los que sirven a la Administración para "acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional" de las empresas con las que contrata para minimizar "situaciones de riesgo". "Ha supuesto la no comprobación de las condiciones de aptitud, capacidad y no concurrencia de prohibiciones de contratar, cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social exigibles a cualquier adjudicatario de contratos", reza.
Salvedades tampoco justificadas
Con todo, el informe plantea "salvedades de especial relevancia" a prestaciones millonarias adjudicadas a dedo, bien porque "no se justifica adecuadamente su carácter de emergencia" o porque "los servicios objeto de contrato son anteriores a 2020, por lo que las prestaciones contratadas no se ciñen a servicios directamente relacionados con la pandemia". Pero el SAS tampoco aporta justificación "de la imposibilidad de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores".
En algunos contratos la ejecución por parte de las empresas privadas adjudicatarias no se inició en el plazo de un mes, como exige la Ley de Contratos Públicos. Muchos de ellos comenzaron a aplicarse después y, a juicio de la Intervención, "ese contrato debería haberse tramitado por procedimiento ordinario". De hecho, el 98% de los contratos analizados muestran este tipo de irregularidades.
Ya el SAS presentó una ristra de alegaciones contra el informe provisional planteado por los interventores, aunque estos desestimaron prácticamente todos y ha reiterado sus conclusiones en el definitivo, destacando que se habían "producido incorrecciones significativas y reiteradas en el tiempo". Todo ello reprochando al sistema andaluz que respondiera de forma "claramente extemporánea" -en mayo de 2023- con un informe sobre "el grado de implantación de las recomendaciones" cuando ya había pasado el tiempo.