El alcalde del Partido Popular de la localidad toledana de Gerindote (2.350 habitantes),  Julián Morales, tiene el dudoso título de ser el segundo regidor de España al que la Justicia le interviene las cuentas por negarse a ejecutar una sentencia, firme desde 2010, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (ver historial judicial). El caso es que el también diputado provincial, encargado de las áreas de agricultura y medio ambiente, pensó que podría hacer lo que su jefe de filas, el pluriempleado presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón, que el pasado viernes accedió a readmitir a una veintena de trabajadores despedidos ilegalmente hace dos años. Al final, el también concejal en el ayuntamiento toledano, diputado provincial y nacional y presidente del PP y de la Comisión Constitucional (y eso último sí que clama al cielo),  evitó en el último segundo ser inhabilitado por desobediencia no sin antes cuestionar la idoneidad de la juez y negarse durante meses a ejecutar una sentencia contra la que no cabía recurso alguno, aunque intentó darle la vuelta sin conseguirlo.

“Dimitir y pedir perdón”
Con estos antecedentes prepotentes no es de extrañar que el alcalde de Gerindote se negara a acatar la sentencia y decidiera seguir los pasos del bien pagado García-Tizón (120.000 euros). Sin embargo, tanto despotismo y pasotismo hartaron a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, finalmente, han dado un golpe en la mesa con la anunciada intervención. De ahí que para el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, solo haya una salida posible: “dimitir, pedir perdón a los ciudadanos de su pueblo y dejar el sillón de la Diputación de Toledo”.

Grave y rareza democrática
Para el portavoz de los diputados provinciales socialistas es “muy grave que un alcalde, como ha hecho Julián Morales, se niegue de forma reiterada a cumplir una sentencia judicial, lo que ha provocado un escándalo mayúsculo con la intervención de este ayuntamiento, algo sin precedentes en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha”, añade, “algo que jamás había ocurrido en toda la democracia en ningún ayuntamiento de la provincia de Toledo y en ningún ayuntamiento de Castilla-La Mancha y que sólo se ha producido en una ocasión en España”.



“La cara dura” del alcalde del PP
El PSOE considera que la situación “es vergonzante y le inhabilita para seguir siendo alcalde y miembro del Gobierno provincial de la Diputación, porque el señor Morales, que exige a sus vecinos que paguen el IBI, ha tenido la cara dura y la grave irresponsabilidad de llevar al Ayuntamiento que dirige a ser intervenido por la Justicia y que sea el TSJCM quien elabore las cuentas municipales para incluir la partida presupuestaria que cumpla la sentencia dictada hace cinco años que se ha negado a ejecutar a pesar de las sucesivas providencias, oficios, autos y apercibimientos judiciales”. Y es que el Tribunal Superior le condenó a pagar 520.000 euros por una expropiación y el alcalde ahora en el punto de mira abonó a los afectados tan solo 28.332 euros.

El alcalde de Yuncos, otro “pasota” más
El enfado socialista está más que acreditado, ya que no es la primera vez que un alcalde del PP se niega a acatar sentencias del Alto Tribunal. En este sentido, Álvaro Gutiérrez, recordaba que García-Tizón ha estado dos años negándose a acatar y cumplir sentencias que le obligaban a readmitir a los referenciados 23 trabajadores de la Diputación cuando los tribunales decretaron nulos dichos despidos. También  se ha referido “al escándalo que está protagonizando el alcalde del PP de Yuncos, condenado por prevaricación a 8 años de inhabilitación para cargo público y que lleva más de dos meses encadenado al sillón de la alcaldía, del que sólo le van a poder sacar los agentes de la Guardia Civil”.

Toledo convertida en “Sodoma y Gomorra”
Y es que el Partido Popular y sus dirigentes “están dando un espectáculo indigno de quienes representan a los ciudadanos”, critica Gutiérrez, añadiendo que, “desde el PSOE no podemos permanecer callados ante esta Sodoma y Gomorra en que ha convertido García-Tizón y el PP la provincia de Toledo”, asegurando que el polémico presidente de la Comisión Constitucional del Congreso “ha tenido que readmitir a los despedidos ilegalmente en el último minuto, a la fuerza y porque la jueza le ha apercibido con un procedimiento penal por desobediencia” y no descartó que busque “argucias y el momento para llegar hasta el final”, concluye, “es vergonzoso y vergonzante la actitud chulesca y prepotente de este señor que está tardando en irse de la Diputación”.