Este lunes el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, encabeza en el alto tribunal el acto formal de inauguración del año judicial. Y no uno cualquiera, sino uno de lo más tensos de los últimos años (y el listón estaba alto con motivo de los casos de corrupción en los que el PP estaba involucrado así como por el procés independentista). El evento estará marcado por la polémica en torno a la no renovación del actual CGPJ, que lleva más de mil días con el mandato vencido, aunque como telón de fondo estarán también las novedades en las pesquisas del Ministerio Público sobre el origen de la fortuna del rey Emérito Juan Carlos I.
El acto solemne tendrá lugar a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del TS presidido por Felipe VI y con Lesmes como maestro de ceremonias, puesto que será el encargado de pronunciar el discurso inaugural del año judicial 2021/2022. El escenario servirá asimismo para que Delgado presente los datos de la Memoria de la Fiscalía de 2020, que ya entregó el pasado viernes tanto al Rey como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sendos actos protocolarios.
Está previsto que acudan otras altas autoridades, entre ellas la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Senado, Ander Gil; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente, respectivamente; y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Se espera igualmente la asistencia del líder de la oposición, Pablo Casado, quien copará buena parte de los focos por su rechazo continuado a negociar con los socialistas la renovación del CGPJ.
Negociaciones frustradas
A punto de cumplirse tres años desde que el CGPJ debió renovarse (en diciembre de 2018), esta cuestión marcará la ceremonia anual en el Supremo. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultada, Lesmes aludirá a la situación de bloqueo para instar a los grupos parlamentarios -encargados en última instancia de nombrar a los vocales- a que cumplan su responsabilidad constitucional.
Las mismas fuentes descartan, en cambio, que vaya a dimitir. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) planteó esta posibilidad como una forma de ejercer presión sobre el PP, al que culpa de la parálisis, para que se avenga a pactar con el Gobierno la nueva composición del CGPJ. Sin embargo, las citadas fuentes estiman que sería una irresponsabilidad dejar descabezado el Poder Judicial en una coyuntura de crisis.
En este tiempo ha habido varios conatos de pacto para renovar el CGPJ. El último fue el pasado mes de febrero, pero descarriló por el veto del PP a dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Posteriormente, el ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo insistió en que el acuerdo estaba hecho a falta de que el Partido Popular accediera a hacerlo público.
Ahora, el PP reclama al Gobierno que reforme la ley para permitir que sean los propios jueces quienes designen a los 12 vocales del turno judicial, pero desde el Ejecutivo responden que primero hay que renovar el actual CGPJ, situando para después un eventual debate sobre el modelo de elección de sus miembros. En una "democracia plena" como la española, "los jueces no pueden elegir a los jueces", afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la Cadena SER.
“Hartazgo”
En este contexto, las fuentes aseguran que en el CGPJ empieza a extenderse una sensación de "hartazgo" que ha llevado a sus integrantes a explorar soluciones para evitar el colapso de la Justicia al que abocaría el cóctel explosivo que forman el estancamiento en las negociaciones para renovar el Poder Judicial, por un lado, y la reforma legal que impide que un CGPJ en funciones pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, por otro.
La situación más preocupante se da en el TS, específicamente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que debe resolver los recursos presentados por PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos a los condenados por el procès, ya que actualmente todas sus secciones cuentan con cinco magistrados, el mínimo legal para poder dictar sentencia, de modo que una baja en cualquiera de ellas dejaría inoperante la sección afectada.
La Comisión Permanente del CGPJ ha empezado a sopesar opciones en un debate que -insisten las fuentes- es preliminar pero podría tomar forma yendo a Pleno en los próximos meses. Una de las vías analizadas es convocar plazas en comisión de servicio para 'fichar' jueces de otros tribunales que cubran temporalmente las vacantes. Otras voces han puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir a magistrados del TS ya jubilados, aunque esta alternativa suscita dudas.
En las asociaciones judiciales también se hace patente el enfado. Tanto la APM -la mayoritaria en la carrera- como la AJFV, FJI y JJpD creen que es insostenible seguir prolongando la interinidad del CGPJ y han solicitado reunirse con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para trasladárselo.
