La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación al Ayuntamiento de Madrid por la adjudicación del proyecto de soterramiento de la A-5. Entre las personas señaladas se encuentran el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Movilidad y portavoz de la campaña del 28-M, Borja Carabante, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y emergencias, Inmaculada Sanz y la directora de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Ortiz. A cuatro nombres se les suma la empresa Subterra Ingeniería y Rafael Carabante (hermano del concejal de Almeida), que fueron los beneficiarios del proyecto. Las investigaciones parten de una denuncia previa que presentó el 30 de enero la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, que ha asegurado, vio varios indicios de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.
El origen se remonta al procedimiento que siguió el consistorio madrileño al adjudicar a la empresa del hermano del delegado de Movilidad el proyecto de soterramiento de la A-5. En concreto, el contrato de uno de los proyectos estrella de Almeida cayó a la U.T.E. formada por Subterra Ingeniería y la empresa Esteyco. En total, el contrato tuvo un valor de tres millones de euros. Fue precisamente el propio Borja Carabante el que dio el visto bueno a la adjudicación de la empresa de su hermano, pese a que un día después se dio cuenta del conflicto de intereses, anuló la decisión y pidió por carta a Almeida abstenerse de la decisión. Finalmente, fue la portavoz municipal del Consistorio la elegida para sustituir a Carabante en la firma de esa adjudicación.
Investigados los responsables de la campaña de Almeida
La investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción se produce a menos de cien días de las elecciones municipales. Además, coincide en que los dos delegados de área investigados son dos de las manos derechas de Almeida y que precisamente serán los responsables del diseño y desarrollo de la campaña electoral para las elecciones del 28-M.
Cabe destacar, tal y como desveló Radio Madrid, que el Ayuntamiento adjudicó otro contrato a la empresa del hermano de Borja Carabante para la revisión de proyectos e infraestructuras de Calle 30. En este proceso se volvió a abstener por la incompatibilidad y Sanz dio el visto bueno firmando la adjudicación.
El Ayuntamiento niega que la Fiscalía esté investigando a ninguna persona del equipo de Gobierno
Fuentes del equipo de Almeida niegan a ElPlural.com que la Fiscalía esté investigando a ninguna persona del equipo de Gobierno. "Como es normal después de recibir cualquier denuncia en la que el denunciante no ha aportado el expediente cuestionado, como ha ocurrido en el caso presentado por Marta Higueras con fines electoralistas, la fiscalía ha incoado diligencias simplemente para recabar los expedientes. Es decir, se ha limitado a pedir información sobre el asunto", indican desde el entorno del alcalde de Madrid que tacha todo el proceso como "ordinario" anunciando que el Ayuntamiento va a remitir el expediente inmediatamente.
Además, señalan que Higueras no ha aportado datos sobre irregularidades y que no ha aportado ningún tipo de documentación. Así, indican que están convencidos de que esta denuncia será archivada al igual que ocurrió con la que interpuso por la colocación de banderas en la fachada del Ayuntamiento.
Higueras pide al resto de grupos que se sumen
“Animo al resto de grupos de la oposición a que formalicen el proceso judicial que hemos iniciado”, ha indicado en rueda de prensa la concejala del Grupo Mixto ante el inicio de este proceso judicial que afecta a Almeida a escasos 90 días de las elecciones. “Es hora de que las fuerzas progresistas nos unamos”, ha añadido explicando que pone el trabajo previo a disposición de la oposición y asegurando que no lo hace con fines electoralistas.
Cabe explicar que las diligencias de investigación se abren por un periodo de seis meses y que pueden ser prorrogables con el objetivo de realizar las averiguaciones necesarias que permitan presentar una querella ante los tribunales o, de lo contrario, archivar al concluir que no hay indicios de delito. “Somos muy optimistas sobre el curso de estas diligencias”, ha indicado Javier Flores, abogado del grupo de Higueras explicando cómo puede ser el proceso y las posibles acciones que puede tomar el fiscal como citar a declarar a los investigados y a los funcionarios implicados en el concurso o "investigaciones patrimoniales”.
Por último, Higueras a desvelado que su equipo jurídico se encuentra estudiando otros contratos en el área de Borja Carabante por los contratos de limpieza. "Si se repiten, estaríamos ante un caso que nos vamos a plantear llevar a la Fiscalía", indicaba deslizando que tienen que ver "con la renovación de la flota" de camiones. "Ninguna de las contratistas ha cumplido en el plazo que dice el contrato esa obligación. El dinero entregado a las contratistas no se ha utilizado para ello", explicaba.
