La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha declarado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la venta irregular, en 2013, de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento a Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone. La exdirigente popular ha sido recibida por una veintena de manifestantes que se encontraban a la entrada de la sede judicial con gritos de "ladrona", "delincuente" y "corrupta".
En su declaración ante el tribunal, Botella cerró filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en lo relativo a la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 al defender que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social y "se respetaron todos los derechos de los arrendatarios".
"Se respetaron los derechos de los inquilinos"
La exalcaldesa de Madrid ha respondido a las preguntas del abogado de la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, Mariano Benítez de Lugo, que "el equipo directivo cumplió todos los objetivos que marcaba la ley entre ellos mantener el fin social" y que "la situación era desoladora. La EMVS no podía pagar las nominas ni proveedores y no podía acceder a créditos". Según Botella, "todo se hizo conforme a la legalidad" y que se respetaron "todos los derechos de los inquilinos", a los que Fidere aumentó el precio de los alquileres, según denunciaron durante años. El abogado de la empresa pública ha preguntado si se cercioraron de si se subrogaron las condiciones a las que tenían los inquilinos, a lo que ha respondido que "se cumplió con la ley".
Botella, que declara por primera vez sobre la venta de viviendas públicas, alegó que el consejo de administración de la EMVS adoptaba las decisiones y la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, constituida en Junta de Accionistas, aprobaba algunas. A preguntas de Benítez de Lugo ha señalado que gracias al plan de viabilidad "confeccionado y diseñado" por el equipo directivo, hoy "la EMVS pervive y sigue cumpliendo con su objetivo social".
Botella se negó a comparecer en la comisión de investigación
Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la comisión de investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto. En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.
El Tribunal de Cuentas revocó una sentencia condenatoria y exoneró a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros. En la primera sesión del juicio, los Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS lamentaron que la exdirigente popular no se sentara en el banquillo de los acusados al considerar que tuvo "bastante responsabilidad" en la operación. En concreto, aludían a que el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por Botella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. La exalcaldesa manifestó en un pleno posterior que "sólo cambiaba el propietario".
