El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha roto su silencio días después de ser inhabilitado. Y lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de Facebook donde ha anunciado que vuelve a su "curro": "Hoy viernes 29 de octubre solicité la reincorporación a mi puesto de trabajo como obrero industrial. Como siempre dije que haría. Vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan y continuar aumentando experiencias vitales y luchas juntos con mis compañeras de la fábrica a las que tanto he echado de menos. Es un paso fácil para mí, siempre supe que llegaría y jamás lo pretendí esquivar. Me parece sano, honesto y coherente hacerlo", ha expresado.
Asimismo, Rodríguez ha señalado que nunca ha concebido la representación política "como una forma de permanecer individualmente a toda costa". Por otra parte, no ha obviado referirse a la batalla legal que ha decidido iniciar para revertir, según él, "la cadena de tropelías e injusticias que han cometido conmigo y con las personas que me votaron para que fuera su voz en el parlamento".
"No voy a escatimar esfuerzos y usaré todos los recursos legales a mi disposición (económicos también por supuesto) en esta tarea. Porque hoy soy yo, pero antes han sido otros casos y tristemente todo apunta a que quedan muchos por venir, si no frenamos esta deriva autoritaria de quienes quieren devolvernos al pasado de miedo, terror y silencio amordazado", ha destacado.
Unidas Podemos pide que se anule la decisiónd de Batet
Unidas Podemos ha registrado un escrito en la Mesa del Congreso para solicitar la anulación del oficio emitido por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a la Junta Electoral Central (JEC) para sustituir al exdiputado Alberto Rodríguez, en ejecución con la sentencia del Tribunal Supremo que estableció su inhabilitación al sufragio pasivo.
Asimismo, el grupo confederal demanda que el órgano de gobierno del Congreso remita esta cuestión a la Comisión del Estatuto del Diputado para dictar una conclusión que sea "respetuosa" con el Reglamento de la Cámara Baja y la legislación vigente. Y es que la formación cree que esta resolución vulnera la jurisprudencia del Constitucional por desproporcionada y es errónea desde el punto de vista competencial.
