Para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) queda probado que el Grupo Municipal del PP de Valencia se financió irregularmente y, con ello, sus campañas electorales durante los años 2007, 2011 y 2015.

Por ello, la Guardia Civil ha señalado al PP de Rita Barberá por un delito electoral continuado por su financiación fraudulenta.

Así lo ha expresado en un informe al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y en el que, a lo largo de 200 páginas, explican la forma de actuar del PP de la ciudad de Valencia para financiar de forma irregular los comicios municipales.

En este caso, son dos nombres los que destacan por encima de los demás, aunque se señala a otros representantes públicos y empresario: Rita Barberá, la candidata y alcaldesa perpetua, y Alfonso Grau, el que fuera su mano derecha, vicealcalde de Valencia y supuesto recaudador de dinero con el que se pagaban los gastos a los proveedores de los diferentes actos de campaña.

De hecho, para la UCO, la figura de Grau es más que clave, es la piedra angular para poder explicar la financiación irregular.

El mismo proceso durante años

"La cuestión de fondo, que una vez más aflora en este procedimiento, es la irregular forma en la que se sufragó la campaña correspondiente a unas elecciones municipales, en este caso las del año 2007, así como el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo con esa finalidad", reza el informe al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que esclarece unas investigaciones que se iniciaron con la denuncia del medio Valencia Plaza, dando origen a la Operación Taula.

La fórmula a seguir era la siguiente: desde el Grupo Municipal del PP de Valencia se contrataba a la empresa Laterne Product Council (LPC), compañía que antes habría recibido donaciones por parte de otras entidades y empresas que disfrutaban de adjudicaciones del Ayuntamiento de Barberá.

Con ese dinero se cubrían los gastos de servicios de campaña que se contrataban con LPC pero, en ocasiones, quedaban deudas no pagadas a los proveedores.

Según la UCO y sus investigaciones, ahí es donde volvía a entrar en juego la figura de Alfonso Grau. Él sería el encargado de recaudar el dinero necesario para sufragar las deudas y lo habría hecho gracias al pitufeo y los famosos billetes de 500 euros que circulaban entre algunos miembros del PP municipal valenciano.

Además, la UCO ha podido demostrar que este mecanismo “ya fue empleado en otras ocasiones conocidas” como en la campaña de 2011. “Permitió que terceros sufragasen de forma efectiva gastos propios del partido” sin que quedara registrado. “La dinámica seguida en año 2007 fue análoga a la que se siguió en los años 2011 y 2015”.

Al no haber constancia de estos gastos, el PP de Barberá podía gastar lo que quisiera, superar el techo de gasto marcado por ley sin que se les pudiera reprender por ello.

Era tal la magnitud de la maquinaria inventada por el PP de Barberá que mientras que el PP nacional aseguró haber gastado 9.573.509,75 euros en toda España para las elecciones de 2007, los populares municipales valencianos habrían gastado en b entre uno y tres millones de euros.

Grau, pieza clave

Según dice el informe de la UCO, “la investigación realizada sitúa a Alfonso Grau como uno de los principales intervinientes en los hechos. No sólo por su implicación directa en el seguimiento y control de los distintos trabajos que se realizaron con motivo de las elecciones municipales del año 2007, sino también por su contribución a la obtención de fondos que permitiesen afrontar el pago de la deuda a los proveedores electorales”.

En otras palabras, Grau, la mano derecha de Barberá y que en varias ocasiones ha señalado que la alcaldesa sabía todo lo que se hacía, era el encargado de contratar los servicios de campaña usando una estructura de empresas que ocultaba donaciones y de pagar con dinero en efectivo no registrado las posibles deudas.

La empresa central era LPC y así, podían “alcanzar el objetivo de financiar de forma irregular” los servicios para organizar las campañas electorales, “velando el origen de los fondos, impidiendo su fiscalización y permitiendo con ello que se supere el techo de gasto”. Y todo sin que se plasmase en la contabilidad del partido y, con ello, sin que se pudiera fiscalizar.

Dinero que venía en sobres

Y aunque María del Carmen Fuster, secretaria de Barberá, no quiso revelar la identidad de la persona que recaudaba el dinero, lo hizo otra persona. J.G, trabajador de LPC y su amigo cercano, llegó a declarar que fue Grau quien el que le dio 350.000 euros en billetes de 500 en “sobres”.

Era para el pago de proveedores y asegura que “le sobraron 15.000 euros que le devolvió a Alfonso Grau”.

La ‘caja B’ del PP valenciano, a juicio

Esto ocurría en el Grupo Municipal del PP en Valencia, pero según apunta la Guardia civil, se daba con el conocimiento del PP provincial.

Cabe destacar que el próximo 15 de enero arranca en la Audiencia Nacional el juicio sobre la supuesta caja B del PP de Valencia. En esta vista, volveremos a ver sentado en el banquillo al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, a Pablo Crespo y a El Bigotes. Pero también se juzgará en esta pieza separada de la Gürtel a cinco ex altos cargos del PP, entre los que destacan el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el número dos del Gobierno valenciano Vicente Rambla.

La Justicia tendrá que esclarecer si el PP provincial de Valencia se financió de manera irregular. Ahora, con las nuevas informaciones en las que la UCO señala al PP municipal de valencia por financiación también ilegal, los empresarios supuestamente implicados estarían dispuestos a tirar de la manta.

Del municipal, al provincial hasta llegar al nacional. Todo perecía funcionar como una torre ascendente.