A quienes hoy ocupan plazas por todas España se les acusa, entre otras muchas cosas, de plantear propuestas utópicas. A mí muchas de ellas me lo parecen. ¿Y qué? Las utopías son la poesía de la política. Y están ahí para ser recordadas en su bello origen cuando la propia política las transforme en prosa burocrática. Las utopías no se fraguan solo en las plazas públicas megáfono en mano, hay otras que se pergeñan en nobles salones y quedan plasmadas a modo de leyes en suntuosos volúmenes sobre los que hacemos los más graves juramentos. Para respaldar la conveniencia de las primeras, recordemos algunas de las segundas, aunque solo sea para legitimar los sueños y que la excusa de su imposible cumplimiento no merme la necesidad de ser proclamados.
Artículo 6 del preámbulo de la Constitución española, sobre los partidos políticos: “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. El jefe de la oposición fue nombrado a dedo. Bella utopía de fácil cumplimiento transformada en nada por el imperio del liderazgo hereditario.
Artículo 14, punto 3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Fantasía imposible por la debilidad de los gobiernos ante la presión de gran parte de los católicos y la férrea pujanza de la jerarquía de la menos democrática de las instituciones.
Capítulo II, Sección Primera, De los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, Artículo 20, punto 1: “Se reconoce y protege el derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” Véase el estado del periodismo actual, cuánta información “veraz” recibe el ciudadano y cuántas mentiras e infamias disfrazadas de información y júzguese en consecuencia.
Artículo 31. Punto 1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Fallido intento de basar la justicia del esfuerzo contributivo en las matemáticas contables. No hay ecuanimidad posible cuando las ganancias de empresarios y altos ejecutivos y trabajadores son tan dispares. El esfuerzo de un trabajador al que retraen el diez por ciento de sus ingresos siempre será infinitamente mayor que el que hiciera Botín si le detrajeran el veinte.
Artículo 32. Punto 1: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. El principal partido de la oposición tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la tardía ley que protege este derecho. La excusa que oculta la homofobia del recurso: que no se llame matrimonio a esa unión. Que es como si una ley antirracista se promulgara con la salvedad de que en ella se permitiera llamar negros a los negros.
Artículo 35. Punto 1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo […] y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Me ahorraré comentarios. Me dedico al humor y sé que tras un gran chiste mejor no hacer ninguno.
Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 47. Punto 1: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. No, no es lo que parece, este artículo no fue redactado por un grupo de perroflautas embozados en pañuelos palestinos sino por los padres de la Constitución, expertos juristas, hombres de estado, reputados políticos que en su vida habían probado las drogas.
Un buen catálogo de utopías que han sido refrendadas por el sistema mismo. La imposibilidad de llevar a cabo estas directrices fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico ¿hace innecesaria o absurda su existencia? Al menos sirven de recordatorio de lo mucho que queda por hacer y son un buen motivo para que los que, en un momento u otro, ostentan el poder político se sienta culpables por no conseguirlo.
Miguel Sánchez-Romero es director de El Intermedio
Artículo 6 del preámbulo de la Constitución española, sobre los partidos políticos: “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. El jefe de la oposición fue nombrado a dedo. Bella utopía de fácil cumplimiento transformada en nada por el imperio del liderazgo hereditario.
Artículo 14, punto 3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Fantasía imposible por la debilidad de los gobiernos ante la presión de gran parte de los católicos y la férrea pujanza de la jerarquía de la menos democrática de las instituciones.
Capítulo II, Sección Primera, De los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, Artículo 20, punto 1: “Se reconoce y protege el derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” Véase el estado del periodismo actual, cuánta información “veraz” recibe el ciudadano y cuántas mentiras e infamias disfrazadas de información y júzguese en consecuencia.
Artículo 31. Punto 1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Fallido intento de basar la justicia del esfuerzo contributivo en las matemáticas contables. No hay ecuanimidad posible cuando las ganancias de empresarios y altos ejecutivos y trabajadores son tan dispares. El esfuerzo de un trabajador al que retraen el diez por ciento de sus ingresos siempre será infinitamente mayor que el que hiciera Botín si le detrajeran el veinte.
Artículo 32. Punto 1: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. El principal partido de la oposición tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la tardía ley que protege este derecho. La excusa que oculta la homofobia del recurso: que no se llame matrimonio a esa unión. Que es como si una ley antirracista se promulgara con la salvedad de que en ella se permitiera llamar negros a los negros.
Artículo 35. Punto 1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo […] y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Me ahorraré comentarios. Me dedico al humor y sé que tras un gran chiste mejor no hacer ninguno.
Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 47. Punto 1: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. No, no es lo que parece, este artículo no fue redactado por un grupo de perroflautas embozados en pañuelos palestinos sino por los padres de la Constitución, expertos juristas, hombres de estado, reputados políticos que en su vida habían probado las drogas.
Un buen catálogo de utopías que han sido refrendadas por el sistema mismo. La imposibilidad de llevar a cabo estas directrices fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico ¿hace innecesaria o absurda su existencia? Al menos sirven de recordatorio de lo mucho que queda por hacer y son un buen motivo para que los que, en un momento u otro, ostentan el poder político se sienta culpables por no conseguirlo.
Miguel Sánchez-Romero es director de El Intermedio