Juan Manuel Moreno Bonilla lleva siete años al frente de la Junta de Andalucía y el balance social que dejan sus políticas es claro: Andalucía lidera la pobreza en España. Uno de cada cuatro andaluces vive en situación de exclusión social. Son casi dos millones de personas. No se trata de una interpretación política ni de una estimación interesada. Es el diagnóstico que recoge el último informe FOESSA elaborado por Cáritas, uno de los estudios más completos sobre desigualdad y condiciones de vida en el país. Tras siete años de gobierno en la Junta, esos datos describen una etapa política concreta y señalan una responsabilidad directa.
La tasa AROPE —el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— alcanza en Andalucía el 34,7%, muy por encima de la media nacional. Este índice combina factores como ingresos insuficientes, carencias materiales o baja intensidad laboral en los hogares. El resultado sitúa a Andalucía en la parte más alta del mapa de desigualdad en España. Siete años después de la llegada de Moreno Bonilla al gobierno autonómico, la comunidad no lidera la reducción de la desigualdad ni la convergencia social con el resto del país. Lidera la pobreza.
Uno de los factores que más está empujando a miles de familias hacia la exclusión es la vivienda, una competencia directa de la Junta de Andalucía. Durante estos años el problema no ha dejado de agravarse. Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha subido alrededor de un 65% en la comunidad, muy por encima de la evolución de los salarios. Esa brecha tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de hogares.
Más de 400.000 hogares andaluces quedan por debajo del umbral de pobreza después de pagar la hipoteca o el alquiler y los suministros básicos. En la práctica, pagar la vivienda sitúa a cientos de miles de familias en una situación de vulnerabilidad económica permanente. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales motores de desigualdad social en Andalucía.
La situación es todavía más dura para quienes viven de alquiler. Aunque solo el 15% de la población andaluza reside en viviendas arrendadas, el impacto de los precios es mucho mayor en este grupo. El 43% de los inquilinos está en riesgo de pobreza. Esta cifra refleja hasta qué punto el mercado de alquiler se ha convertido en una barrera económica para miles de familias.
A esta presión se suma el deterioro de las condiciones de habitabilidad. Cerca de medio millón de personas vive en situación de inseguridad residencial y más de un millón reside en viviendas con problemas graves de conservación, hacinamiento o condiciones inadecuadas. Durante estos siete años no se ha desarrollado un parque público de vivienda capaz de responder a la magnitud del problema.
El empleo tampoco está funcionando como una red de protección frente a la pobreza. Andalucía ha registrado aumentos en la ocupación en los últimos años, pero ese crecimiento no se ha traducido en estabilidad ni en salarios suficientes para garantizar condiciones de vida dignas. El salario medio andaluz continúa por debajo de la media española y miles de trabajadores viven con ingresos insuficientes.
Más de uno de cada diez hogares andaluces depende de un trabajador con inestabilidad laboral grave. Contratos temporales encadenados, jornadas parciales involuntarias y sueldos bajos forman parte de la realidad laboral de muchos sectores. En estas condiciones, tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza.
El resultado es una economía en la que una parte significativa de la población trabaja pero sigue viviendo al límite. Familias que dependen de varios empleos precarios para llegar a fin de mes, hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos y trabajadores que continúan en situación de vulnerabilidad a pesar de estar integrados en el mercado laboral.
La exclusión social también se refleja en el acceso a la salud. Uno de cada cinco hogares andaluces tiene dificultades relacionadas con tratamientos o medicamentos. Las listas de espera continúan siendo uno de los principales problemas del sistema sanitario andaluz y afectan directamente a quienes dependen exclusivamente de la sanidad pública para recibir atención médica.
Esta situación amplía la distancia entre quienes pueden recurrir a servicios privados y quienes no tienen esa posibilidad. La desigualdad sanitaria se suma así a las desigualdades económicas y sociales que ya afectan a una parte importante de la población andaluza.
Las consecuencias de esta situación también se observan en la salud mental. La precariedad económica, la incertidumbre laboral y las dificultades para acceder a la vivienda generan una presión constante sobre miles de familias. Cuando estas condiciones se prolongan en el tiempo, el impacto se traslada también al bienestar psicológico y emocional.
La pobreza en Andalucía tiene además un rostro muy concreto. La infancia es uno de los colectivos más afectados. La comunidad presenta tasas de pobreza infantil superiores a la media nacional, lo que significa que miles de niños crecen en hogares con carencias materiales y con menos oportunidades desde el inicio de su vida.
Las desigualdades también se reflejan con fuerza en el ámbito de género. Las mujeres registran mayores tasas de exclusión social y menores ingresos medios. Esta situación es especialmente visible en los hogares encabezados por madres que sostienen solas a sus familias. En estos casos, la combinación de salarios más bajos y responsabilidades de cuidado multiplica el riesgo de pobreza.
Los jóvenes andaluces también sufren de forma directa esta realidad. El mercado laboral continúa marcado por la temporalidad y los salarios bajos, mientras el precio de la vivienda sigue creciendo. Esta combinación hace que la emancipación sea cada vez más difícil y que muchos proyectos de vida se retrasen durante años.
Casi dos millones de andaluces viven hoy en situación de exclusión social. Son familias que no pueden afrontar un gasto imprevisto de 600 euros, hogares que destinan más de un tercio de sus ingresos a pagar la vivienda y trabajadores que, aun teniendo empleo, viven permanentemente al límite.
Siete años después de la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta, Andalucía encabeza los datos de pobreza en España. Ese es el balance social que dejan sus años de gobierno al frente de la comunidad autónoma.
