El municipio malagueño de Manilva sigue siendo el centro de una nueva polémica sobre vivienda tras mantenerse la amenaza de desahucio sobre 62 familias que residen en la calle Sarmiento. El lanzamiento judicial está previsto para el próximo 24 de marzo, una fecha que ha movilizado a afectados, organizaciones sociales y partidos políticos que exigen a las administraciones públicas una solución urgente.
Las familias afectadas han asegurado que llevan meses denunciando la situación sin recibir una respuesta definitiva por parte de las instituciones. Según han explicado, el problema se originó tras la compra del inmueble por parte de un fondo de inversión que ahora reclama la posesión de las viviendas.
La situación ha generado una fuerte preocupación social, especialmente por el impacto que el desahucio tendría sobre los menores. De acuerdo con los testimonios recogidos durante movilizaciones, en estas viviendas residen alrededor de 50 niños y niñas, lo que ha reforzado la presión para que las autoridades actúen antes de que se ejecute el lanzamiento.
Un engaño por el que piden poder quedarse en sus casas
Durante las concentraciones de apoyo organizadas en los últimos días, varias de las personas afectadas han explicado que accedieron a las viviendas mediante contratos que incluían un derecho a compra y que, además, realizaron mejoras importantes en los inmuebles. “Nos las dieron sin luces, sin agua, sin ventanas, sin puertas y nosotros las restauramos”, ha asegurado María, una de las mujeres afectadas.
Una de las afectadas por el desahucio, María, ha relatado que cuando recibieron las viviendas estaban en condiciones precarias y que fueron los propios residentes quienes las rehabilitaron. “Nos las dieron sin luces, sin agua, sin ventanas, sin puertas y nosotros las restauramos”, ha asegurado. Igualmente, durante el acto de protesta, María añadió que “nos quieren echar de nuestras viviendas aun con un contrato con derecho a compra”. Junto a María, muchas otras familias reclaman una solución que les permita permanecer en sus hogares.
Así, los afectados sostienen que se sienten engañados y que el proceso ha derivado en una situación de enorme incertidumbre para decenas de personas que, en su mayoría, aseguran ser trabajadores con recursos limitados.
“Moreno Bonilla ha convertido Andalucía en la ley de la selva”
Diversas organizaciones sociales y plataformas vecinales, como Barrios Hartos, también se han sumadas a las protestas para respaldar a los vecinos de Manilva, señalando que el caso refleja un problema estructural relacionado con la especulación inmobiliaria.
Una de las representantes de la Comisión de Vivienda de Barrios Hartos, Lorena, ha denunciado que el fondo de inversión adquirió las viviendas a un precio muy bajo y ahora pretende desalojar a las familias. Según ha afirmado, la compra se habría producido por unos 14.000 euros por inmueble, una cifra que consideran muy inferior al valor real de mercado.
Igualmente, Lorena ha defendido que existen alternativas para evitar el desahucio. Entre ellas, han planteado que las administraciones públicas, como la Junta de Andalucía, negocien con el fondo propietario para adquirir las viviendas y destinarlas a parque público de alquiler social.
De esta forma, el conflicto también ha llegado al debate político andaluz. En este caso, el candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha reclamado a la Junta que actúe para paralizar el desahucio y ofrecer una solución habitacional a las familias afectadas. Así, Alba ha criticado duramente la gestión del Gobierno autonómico de Moreno Bonilla en materia de vivienda y ha denunciado que la situación refleja una falta de políticas públicas para frenar la especulación inmobiliaria.
Otro de los afectados por el posible desahucio ha afirmado que “Moreno Bonilla ha convertido Andalucía en la ley de la selva” debido a que está poniéndole “la alfombra roja a los grandes especuladores”. Para el colectivo de la calle Sarmiento, “Moreno Bonilla debería tener un poco más de respeto y no hacer tanta propaganda política cuando los problemas siguen existiendo en nuestra tierra”, han concluido.
Mientras se acerca la fecha prevista para el desahucio, las familias afectadas mantienen las movilizaciones y aseguran que seguirán reclamando una solución. Su principal demanda es clara: poder permanecer en las viviendas que consideran su hogar y evitar que decenas de personas, entre ellas numerosos menores, se queden sin techo.
