Señor Moreno Bonilla, asuma ya su responsabilidad política ante el escándalo de los cribados de cáncer

Hay momentos en política que marcan un antes y un después. Lo sucedido con el fallo masivo en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía es uno de ellos. No hablamos de un error puntual o técnico. Hablamos de años de recortes, de abandono institucional y de una gestión que ha puesto en peligro la vida de miles de mujeres.

Porque no se trata solo de retrasos. Se trata de diagnósticos que no llegaron, de tratamientos que se dieron tarde, de vidas que pudieron salvarse y no lo fueron. Se trata, sobre todo, de una forma de gobernar que antepone los intereses del PP a las necesidades reales de la ciudadanía. Juan Manuel Moreno Bonilla ha estado más preocupado por agradar a Alberto Núñez Feijóo que por proteger la salud de los andaluces y andaluzas.

Moreno Bonilla repite con el mayor de los cinismos que su “prioridad es la salud”, pero los hechos dicen lo contrario. En siete años, ha dejado a Andalucía con las peores listas de espera sanitarias de España, urgencias colapsadas y una Atención Primaria desbordada. Ante la crisis de los cribados, su respuesta ha sido política, no sanitaria: ha puesto al frente al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, sin experiencia alguna en gestión médica.

La prioridad de Moreno Bonilla ha quedado al descubierto: prefiere nombrar a un “fontanero” de su confianza que se ocupe de la imagen, en lugar de un profesional sanitario de reconocido prestigio que intente arreglar el desastre al que ha llevado a la sanidad pública.

A su vez, ningún profesional sanitario ha querido asumir la Consejería de Salud en medio de este caos. ¿Tan grave es lo que ha pasado que ningún técnico quiere ser responsable? ¿Qué más se nos está ocultando?

La confianza en el sistema público está rota. Muchas mujeres sienten que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les falló. Esa desconfianza no es un daño colateral: es parte de una estrategia. Porque cuando se pierde la fe en lo público, gana la sanidad privada. Y ese ha sido siempre el modelo del PP: desmantelar lo público para facilitar el negocio a lo privado.

Nada de esto es nuevo. Es un plan que se ejecuta paso a paso. Primero se recortan recursos. Luego se saturan los servicios. Después se instala la desconfianza. Y al final, quien puede, se va a lo privado. Lo hemos visto en Madrid con Ayuso, y lo vemos en Andalucía con Moreno Bonilla.

Mientras se dedicaba a confrontar con el Gobierno central, a hablar de Puigdemont o a rechazar la condonación de la deuda autonómica, aquí, en su tierra, la Atención Primaria se destrozaba, los hospitales se colapsaban y miles de mujeres quedaban fuera del sistema de prevención del cáncer. El silencio institucional no solo agravó la crisis sanitaria. La convirtió en una tragedia política.

La Junta reconoce oficialmente 2.000 mujeres afectadas, pero asociaciones y profesionales elevan sustancialmente esa cifra. Y lo peor es que podría haber más programas afectados, como los de detección precoz de cáncer de colon, próstata o cérvix.

Hay testimonios estremecedores. En el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, una mujer con cáncer de colon esperó 15 meses para una colonoscopia. Otro paciente, el gaditano Antonio, tardó cuatro años en recibir los resultados de su prueba. El sistema está roto.

Y mientras tanto, la Junta sigue negando lo evidente. Moreno Bonilla llegó a decir que “no hay listas de espera para el cáncer en Andalucía”. Pero hoy sabemos que no hay listas porque ni siquiera se comunicaban los casos. Dicen que no se informaba para no alarmar. Un escándalo.

No fueron dos o tres casos ni un error puntual. La falta de radiólogos ha obligado a muchos a doblar turnos. El servicio de mamografías está saturado. Los equipos, exhaustos. Y el gobierno andaluz, que es el competente, ahora está desaparecido.

Pese a todo, el presidente insiste en negar la privatización, aunque su ejecutivo mantiene contratos con clínicas privadas, como el que adjudica 311.000 mamografías a un centro granadino. La Junta no ha actuado durante años, pero ahora promete solucionarlo en dos semanas. Difícil de creer.

Ya en 2020, la asociación AMAMA había alertado por carta al entonces consejero de Salud sobre los retrasos en tratamientos de quimioterapia. La respuesta institucional fue indignante: culpar a las pacientes y decir que no acudían por miedo al covid. Hoy se sabe que era abandono, no miedo.

Lo más grave no es solo el fallo sanitario, sino la decisión política de ocultarlo. Moreno Bonilla justificó que no se avisó a las mujeres para “no generarles ansiedad”. Una excusa inaceptable. ¿Desde cuándo un gobierno decide que es mejor no saber? ¿Desde cuándo se protege a alguien negándole la información sobre su salud? Ahora, Moreno Bonilla está aplicando esa misma táctica, no informa de la gravedad del problema a la población para “no generar ansiedad” a la gente.

Esa actitud viola principios médicos básicos y el derecho a la autonomía del paciente. Muchas mujeres fueron privadas de actuar a tiempo. Algunas recibieron tratamientos más agresivos de los que habrían necesitado. Otras no llegaron a tiempo.

Y Moreno Bonilla no puede echar la culpa a nadie. Ha tenido recursos, competencias y poder durante siete años. Lo que falta es voluntad política. En lugar de asumir su responsabilidad, sigue más pendiente de no molestar a Feijóo que de dar la cara ante las familias andaluzas.

Este escándalo sanitario no es una excepción. Es la consecuencia de una estrategia de desinversión, de desvío de fondos hacia lo privado, de una gestión enfocada al marketing y no al cuidado. Lo del cáncer de mama es solo la punta del iceberg.

El deterioro está en cada rincón del sistema: quirófanos cerrados, urgencias saturadas, diagnósticos que llegan tarde, profesionales que se marchan. Y mientras tanto, el presidente presume de que todo está en orden, no se pierde una feria ni una corrida de toros, pero evita  aparecer por hospitales y centros de salud.

Ahora hay investigaciones abiertas: la Fiscalía, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Ministerio de Sanidad buscan responsabilidades. Pero nada devolverá el tiempo perdido, ni las oportunidades de curación, ni las vidas que se han truncado.

Pero lo ocurrido no fue inevitable. Fue el resultado de decisiones políticas concretas, de una forma de gobernar que desprecia lo público y convierte la salud en un negocio. Lo que ha pasado con las mamografías, con los cribados, con los retrasos y con los silencios, es la expresión más cruel de un modelo político que juega con la salud e incluso con la vida de los andaluces y andaluzas. Andalucía merece respeto, merece cuidados y merece verdad.