Imagen de varios bollos ultraprocesados
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En Alemania, el ministro de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir, ha anunciado que va a trabajar para prohibir la publicidad de alimentos poco saludables dirigidos a los niños porque los mecanismos de autorregulación de la industria no funcionan. Su homólogo español, Luis Planas, ha anunciado que va a impedir que aquí se prohíba esa publicidad porque tiene confianza plena en la autorregulación de la industria.
En España, los problemas de obesidad infantil son superiores a los de Alemania. Según un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende del Ministerio de Consumo, cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso.
En 2021, el ministro Alberto Garzón anunció un real decreto para prohibir que los menores sean bombardeados con anuncios de productos con altos contenidos en azúcares, sal y grasas saturadas. Reino Unido, Portugal y Noruega llevan ya tiempo aplicando regulaciones similares.
La medida que pretende aprobar el Ministerio de Consumo aparece como prioritaria en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, presentado por el presidente Pedro Sánchez el año pasado. Pero ahora, ministros socialistas, con Planas a la cabeza, intentan boicotearla como consecuencia de las presiones de la industria alimentaria.
En 2005, la industria firmó con el Gobierno el denominado Código PAOS, una serie de compromisos de autorregulación que no han impedido que los menores sean objeto de multitud de mensajes publicitarios que les invitan a introducir en su dieta habitual el consumo de alimentos y bebidas nada saludables, en su mayoría auténticas bombas de azúcar.
Con la autorregulación, la industria alimentaria no pretende otra cosa que impedir una regulación legal que ponga fin de verdad a campañas publicitarias que fomentan la epidemia de obesidad infantil. Una epidemia que se produce especialmente en hogares con menos poder adquisitivo.
Según la Encuesta Nacional de Salud 2017, niños y adolescentes consumen el 21,5% de la energía de la dieta en forma de azúcares totales. En el caso de los menores de tres años, el porcentaje llega casi al 30%.
Eludir el desarrollo de una norma que prohíba la publicidad de alimentos nocivos dirigidos a niños no solo supone ponerse del lado del poderoso lobby de los fabricantes de ultraprocesados y en contra de los intereses de los consumidores. Implica también saltarse las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para lograr que se apruebe el real decreto, es necesario que Moncloa lo desbloquee antes del 31 de marzo. Así que si Sánchez no actúa pronto, esta será otra legislatura perdida en la necesaria puesta en marcha de medidas regulatorias para proteger a los menores de los mensajes que les incitan a convertirse en adictos a esa peligrosa droga llamada azúcar.
Cuando Garzón recomendó reducir el consumo de carne, Sánchez optó por una ridícula frase —“A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”— con la que demostró conocer o importarle bien poco las recomendaciones de la OMS. Ahora tiene la oportunidad de estar a la altura y no actuar como el títere de otro lobby al que solo le preocupa hacer caja, sean cuales sean los problemas de salud que provoquen sus productos a los consumidores más vulnerables.
