Los recortes de Moreno Bonilla ponen en peligro la educación pública. EP
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El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla está perjudicando cada vez más a las universidades públicas andaluzas, mientras facilita el crecimiento de las privadas. Cada vez hay menos dinero para mantener y mejorar los centros públicos, pero más facilidades para que las universidades privadas amplíen su negocio. Esta política recuerda a lo ocurrido en Madrid con el Gobierno de Ayuso, donde los centros privados crecen mientras los públicos sufren graves problemas de financiación. No estamos simplemente ante un problema de gestión, sino ante una forma de gobernar que debilita la educación pública, reduce las oportunidades de miles de jóvenes y hace que el acceso a una carrera universitaria dependa cada vez más de la capacidad económica de las familias.
El conflicto ha llegado a un punto crítico tras conocerse las cuentas de la Junta de Andalucía, que ponen de manifiesto un déficit de 79 millones de euros en los recursos que necesitan las universidades públicas para hacer frente a sus gastos. De esa cantidad, 38 millones corresponden al dinero que el Gobierno andaluz se comprometió a aportar para cubrir las necesidades de 2026 y que todavía sigue sin entregar. Los 41 millones restantes corresponde a los compromisos adquiridos por la propia Junta y agrava las dificultades económicas de unas universidades que necesitan recursos suficientes para mantener su actividad, pagar a sus trabajadores y ofrecer una enseñanza de calidad.
La situación es especialmente preocupante porque puede afectar directamente a los trabajadores universitarios. Moreno Bonilla sigue sin entregar los 38 millones de euros comprometidos para ayudar a pagar las nóminas. La Junta exige a las universidades que asuman las subidas salariales acordadas, pero no les facilita todo el dinero necesario para hacer frente a ellas. Esto genera incertidumbre entre profesores, investigadores y personal de administración y servicios, que no deberían tener que preocuparse por si las instituciones en las que trabajan disponen de recursos suficientes para cumplir sus compromisos.
Los presupuestos de la Junta para 2027 tampoco resuelven el problema. Aunque el Gobierno andaluz anuncia un aumento de 137 millones de euros para las universidades, CCOO considera que esta cantidad sigue siendo insuficiente para cubrir todos sus gastos. Las universidades necesitan más recursos para pagar los salarios, afrontar las facturas de electricidad y agua, comprar material para los laboratorios y mantener su actividad diaria. En definitiva, el aumento anunciado por la Junta no garantiza que las universidades puedan cubrir todas sus necesidades.
Pero los recortes no afectan solo a los salarios y al funcionamiento de las universidades. También ponen en peligro la investigación científica y los avances tecnológicos de Andalucía. La Junta ha reducido un 20% el dinero destinado a investigación e innovación, el doble que el año anterior. La decisión resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que, según el Observatorio IUNE de la Alianza A4U, las universidades públicas producen el 92% de las publicaciones científicas de excelencia en España, frente al 8% de las privadas. En otras palabras, las universidades públicas generan la mayor parte de la investigación de calidad de nuestro país. Si se reduce su financiación, habrá menos recursos para desarrollar nuevos tratamientos, impulsar avances científicos, mejorar nuestra industria y crear empleos cualificados. Andalucía corre así el riesgo de quedarse atrás y depender cada vez más de los avances científicos y tecnológicos que se desarrollen en otros territorios.
Mientras tanto, la Junta parece tener otras prioridades a la hora de repartir el dinero público. Dice que no hay recursos suficientes para las universidades, pero sí encuentra margen para reducir impuestos a las rentas más altas, financiar determinados proyectos y aumentar los altos cargos de la Administración. También obliga a las universidades a pedir préstamos a los bancos para reparar y mejorar sus edificios, en lugar de poner en marcha un plan financiado directamente por la Junta que permita renovar sus instalaciones. Al mismo tiempo, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue facilitando la expansión de las universidades privadas. La contradicción es evidente: se pide sacrificio a las universidades públicas mientras se abren nuevas oportunidades para el negocio privado.
A esta situación se suma otra cuestión que merece una explicación pública. Medios como El Observador han informado de acuerdos entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la universidad privada UAX Mare Nostrum, en Málaga, para que sus estudiantes puedan realizar prácticas en hospitales y centros sanitarios públicos.
La pregunta es muy sencilla: ¿quién paga los gastos que generan esos estudiantes cuando realizan sus prácticas en un hospital público? En los términos públicos de estos acuerdos no aparece claramente explicado cómo se compensan los costes de utilizar las instalaciones, los equipos, la electricidad o el agua, ni el tiempo que médicos, enfermeros y otros profesionales dedican a enseñar a los alumnos. Si una universidad privada cobra a sus estudiantes por su formación, debe quedar claro si también contribuye a pagar los recursos públicos que utiliza para ofrecerla. Si no existe una compensación adecuada, los ciudadanos podrían estar pagando, a través de sus impuestos, parte de los gastos de una actividad de la que se beneficia una empresa privada.
La preocupación es aún mayor si tenemos en cuenta la situación que viven los hospitales públicos andaluces. Sus profesionales ya soportan una enorme carga de trabajo: atienden a los pacientes y, al mismo tiempo, forman a los futuros médicos y enfermeros. A la formación de estudiantes de las universidades públicas se suma ahora la de centros privados. Por eso es necesario que la Junta explique con total transparencia qué acuerdos existen, qué recursos públicos se están utilizando y quién paga por ellos. No sería justo que las universidades públicas tuvieran cada vez menos financiación mientras los centros privados pudieran beneficiarse de instalaciones y profesionales pagados con dinero de todos sin una compensación clara.
Frente a esta política, conviene recordar algo fundamental: la universidad pública no es un gasto innecesario, sino una inversión en el futuro de Andalucía. Las universidades forman a los profesionales que necesitamos, investigan para mejorar nuestra calidad de vida, ayudan a crear empresas y generan empleo. Además, ofrecen a miles de jóvenes la posibilidad de estudiar una carrera sin que su futuro dependa exclusivamente de los ingresos de sus familias. Numerosos estudios señalan que cada euro invertido en educación superior pública puede generar entre cinco y siete euros de beneficios para la sociedad a corto y medio plazo. Por eso, cuando se recorta la financiación universitaria, no solo pierden las universidades: pierde toda Andalucía.
Ante esta situación, toda la comunidad universitaria —rectores, profesores, investigadores, personal de administración y estudiantes—, junto con sindicatos como CCOO, debe mantenerse unida y exigir soluciones a la Junta. Las reivindicaciones son claras: que se paguen de inmediato los 38 millones pendientes para ayudar a garantizar las nóminas; que se retire el recorte del 20% en investigación; que la Junta financie un plan para reparar y mejorar los edificios universitarios; y que se expliquen con total claridad los acuerdos que permiten a las universidades privadas utilizar los hospitales públicos y sus recursos sanitarios.
No podemos permitir que las universidades públicas sigan perdiendo recursos mientras se facilitan ventajas a las privadas. Está en juego mucho más que el presupuesto de unas instituciones: está en juego el derecho de todos los andaluces a recibir una educación superior de calidad, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestra comunidad. Señor Moreno Bonilla, defender la universidad pública andaluza significa defender a sus estudiantes, a sus trabajadores y a toda la sociedad. ¿Por qué se niega a hacerlo?
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