Es curioso cómo, cada vez que hay una crisis, los sacrosantos valedores de lo privado intentan rascar bola en las arcas de lo público. Ya lo vimos con el tema de las carreteras y autopistas que se licitaron a troche y moche para los amiguetes de algunos, y que luego tuvieron que ser nacionalizadas cuando la última crisis. Ahora, son los colegios privados concertados los que se quejan, y se convierten en munición política de la derecha para no acordar nada, como era su intención desde el principio, en la Comisión para la  Reconstrucción Social y Económica de España. El PSOE y  Unidas Podemos  han acordado no incorporar a los colegios concertados en el proyecto de reconstrucción por la crisis del coronavirus. En dicho plan, el Gobierno ha generado una propuesta con la que se trata de aumentar la inversión educativa de carácter público.

El borrador presentado en el Congreso de los Diputados ha recibido críticas por parte de algunos partidos de la oposición. Era de esperar. Desde el principio, para algunos esto era la oportunidad, de nuevo, de continuar con su plan de demolición del Gobierno aunque sea a costa de los intereses generales. En el plan gubernamental de reconstrucción, se ha señalado la importancia de aumentar las ayudas económicas para “fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo”.

De esa manera, de los 2.000 millones de euros de inyección, la educación pública sería la única beneficiaria de conseguir ayudas que, en su mayoría, serán gestionadas por las Comunidades autónomas. En el apartado dedicado al refuerzo económico del ámbito educativo, PSOE y Podemos señalan que “las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”. Lo que se ha llamado la vertebración digital del país.

Las escuelas concertadas no recibirían ningún tipo de apoyo económico dentro de este plan. Partidos como PP, Ciudadanos, JxCAT y Vox se han posicionado contrarios a tal decisión y han solicitado a la comisión la eliminación de dicho punto. Es cierto que en la actualidad, las escuelas concertadas tienen a casi dos millones de niños matriculados en sus colegios y 100.000 profesores pero, también lo es que, la mayoría de ellos, no siguen los estándares de selección de personal que obliga a la pública a un durísimo proceso de oposiciones e interinidades que en algunos casos se prolongan demasiado. Priman en las privadas religiosas aspectos de relaciones, empresa, y, mayoritariamente, credo. Si se amparan en el hecho de su carácter de empresa privada para tales arbitrariedades en sus selecciones de docentes, así como en la manera de impartir su credo religioso, ¿por qué deberían ahora acogerse a ayudas que son públicas? ¿Se han puesto acaso al servicio de la comunidad cuando las vacas gordas repartiendo sus beneficios con la sociedad?

La respuesta es obvia. Por otro lado, amparándose en el carácter de empresa privada y en su credo, mayoritariamente católico, se han producido anomalías como que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, el señor Carlos Martínez, enviara en su carta de saludo a los padres de los alumnos sus críticas y opiniones sobre la homosexualidad.  En su carta se permitía hacer las siguientes declaraciones “aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas se centran en complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género aprobada en la Asamblea de Madrid”. “¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos!”. Esto, que va directamente contra los contenidos transversales de materias como Educación para la Ciudadanía, contenidos aprobados incluso por el PP, suponen una vulneración de la ley educativa que debería haberle costado el puesto, además de incitación al odio.

En Málaga, el colegio Privado concertado San Patricio, se negó a aceptar la condición transgénero de una de sus alumnas, lo que está en los tribunales. En Murcia, el colegio Sagrado Corazón despidió a un profesor por ser homosexual, lo que incurre en un delito de discriminación, aunque se amparen en los derechos de admisión de su empresa por cuestiones religiosas. En Arganda del Rey, el colegio San Juan Bautista creó un “guetto” para que los alumnos realojados de la pública no se cruzaran con los otros alumnos, negándosele acceso a según qué servicios y áreas,  cuando estaban cobrando por ello.

Estas cuestiones, que deberían ser analizadas y fiscalizadas de manera más dura por el Ministerio de Educación, son sólo algunos de los ejemplos que llevan sucediendo en nuestro país con la privada concertada que, lleva cobrando, discriminando y usando sus argumentos empresariales y religiosos, como parapeto para cobrar de lo público y no cumplir, en muchos casos, con la exigencias  constitucionales, legales, de contenidos y de selección de docentes que se les obliga a los públicos. Me parece bien que existan centros donde los padres lleven a sus hijos por cuestiones ideológicas y religiosas, siempre y cuando no entren en conflicto con los márgenes legales de nuestro país, que, como he indicado, sucede a menudo. Otra cosa es que, en estas circunstancias, pretendan, también, poner el cazo y sacar tajada de las arcas del tesoro. Que lo financien sus gerentes, la Iglesia y sus usuarios. ¿Discriminación? Tiene gracia que, una vez más, se queje de ser discriminado quien discrimina en lo económico y en lo ideológico como punto de partida.