“No es una trama del PP es una trama contra el PP” afirmaba contundente en 2009 el presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy Brey. El juez de la audiencia Nacional, Baltasar Garzón había iniciado una investigación sobre lo que se conocería como el caso Gürtel. Once años después el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2018 declaró al PP partícipe a título lucrativo de esa trama Gürtel que Rajoy Brey negaba.
El tribunal ratifica lo que dejó clara la Sección II de la Audiencia Nacional en su resolución: que existía la caja B del Partido Popular y que el extesorero Luis Bárcenas disponía sobre ella con de “plena capacidad de control y disponibilidad".
En la comunicación de la sentencia se produjo ayer un episodio peculiar. En la nota de prensa que el Tribunal Supremo aportó junto a la sentencia, se refería que los magistrados habían calificado de “excesivas” las referencias a la Caja B del partido por parte de los jueces de la Audiencia Nacional. Tal afirmación fue aprovechada de inmediato por la derecha y sus medios afines para denunciar que Sánchez había llegado al gobierno de forma ilegítima y para que medios como ABC, El Mundo y La Razón, se echaran al cuello del magistrado José Ricardo de Prada, uno de los tres firmantes de aquella resolución inicial.
Francisco Marhuenda, director de La Razón llegaba a escribir en su editorial: “Prada consiguió el objetivo de ofrecer un sustento a una moción que jamás tendría que haber prosperado”. Pero, esta y otras barbaridades se han desmontado ante la rectificación que se vio obligado a realizar el gabinete de comunicación del Supremo en la tarde de ayer, ante las preguntas de la periodista de Infolibre, Alicia Gutiérrez que no conseguía encontrar la frase en cuestión en la sentencia… porque no estaba. En su desmentido, el Tribunal Supremo aclara que se refería al voto particular que emitió el juez Hurtado en el 2018 y que “en ningún caso la Sala incluye la palabra “excesivas” al valorar los párrafos sobre la Caja B”.
Duro revés para la derechona, pues no hay más cera que la que arde: el Tribunal Supremo ratifica que el PP es responsable civil a título lucrativo y confirma la Caja B. Punto y final.
Esta sentencia deja en evidencia la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, objetivo de los populares desde que Rajoy Brey soltara su discurso de 2009, y la persecución sin tregua al magistrado José Ricardo de Prada uno de los expertos en jurisprudencia penal y derechos humanos mejor valorado en instancias jurídicas nacionales e internacionales. Los jueces que son de verdad independientes representan un peligro cierto para aquellos que adaptan el concepto de Justicia a su propio interés. Por eso el PP no los quiere.