El lunes, Juan Manuel Moreno Bonilla acudió al programa El Hormiguero para vender una imagen de buena gestión al frente de la Junta de Andalucía. Entre bromas, risas y preguntas cómodas, el presidente andaluz dibujó una realidad idílica de su gobierno. El problema es que esa versión choca frontalmente con lo que están viviendo miles de pacientes en la sanidad pública andaluza.
Mientras Moreno Bonilla hablaba en televisión de su gestión, en hospitales y centros de salud de Andalucía seguían acumulándose historias que reflejan el deterioro del sistema sanitario: pacientes con cáncer esperando pruebas, urgencias saturadas y diagnósticos que llegan demasiado tarde.
Y todo esto está ocurriendo ahora mismo en Andalucía.
En los últimos días hemos conocido casos que reflejan con crudeza esa realidad. Una paciente oncológica denunciaba que no le realizaban un TAC por el colapso del hospital de Jerez. “Si esto me llega a pasar hace años, estaría muerta”, explicaba con desesperación. Su historia muestra hasta qué punto el sistema llega tarde en demasiadas ocasiones.
También esta semana se ha conocido que un juez de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia contra el Servicio Andaluz de Salud por la muerte de un hombre de 76 años que acudió hasta 42 veces al médico entre 2018 y 2024 con dolores abdominales persistentes. Durante años pidió ayuda. Durante años el sistema no fue capaz de diagnosticar su cáncer a tiempo.
Otro caso estremecedor se ha conocido también en Sevilla. Un paciente murió después de que su tumor no fuera detectado durante cuatro años. Cuando finalmente se diagnosticó la enfermedad, el cáncer ya estaba extendido y era inoperable. La familia denuncia además que la ambulancia tardó dos horas en llegar.
Son historias duras. Pero cada vez cuesta más presentarlas como excepciones. Lo que estamos viendo es el resultado de años de decisiones políticas que han debilitado la sanidad pública andaluza bajo la gestión de Moreno Bonilla.
Mientras estos casos salían a la luz, las urgencias del Hospital Clínico de Málaga vivían nuevos episodios de saturación. Pacientes esperando durante horas y horas en los pasillos. En algunos momentos, hasta 22 personas aguardaban una cama hospitalaria. En otras ocasiones, las esperas han superado las 60 horas. Cuando un hospital mantiene a pacientes hacinados durante días esperando una cama, el problema no es puntual. Es estructural.
El deterioro también es evidente en salud mental. Andalucía es hoy la comunidad autónoma con menor ratio de especialistas en psicología clínica por cada 100.000 habitantes de toda España. La presencia de psicólogos en la sanidad pública se sitúa de hecho, entre las más bajas de Europa.
La situación en Atención Primaria tampoco mejora. El sindicato CSIF ha denunciado recientemente la falta “acuciante” de logopedas en el sistema sanitario andaluz, una carencia que afecta especialmente a pacientes con problemas neurológicos o trastornos del desarrollo.
Mientras tanto, en diferentes comarcas andaluzas crece el malestar social. En Motril, miles de personas han vuelto a salir a la calle para protestar por la situación de la sanidad pública en la Costa Tropical granadina. Vecinos y profesionales denuncian recortes, falta de personal y servicios cada vez más deteriorados.
Los datos confirman esa percepción ciudadana. Andalucía encabeza actualmente las listas de espera sanitarias en España. Más de 200.000 personas esperan una intervención quirúrgica y más de 850.000 aguardan una consulta con un especialista. En algunas provincias, la demora media para operarse supera los cinco meses.
La Atención Primaria también se ha convertido en un cuello de botella. En muchos centros de salud es habitual esperar más de diez días para conseguir una cita con el médico de familia. Cuando la puerta de entrada del sistema se bloquea, todo lo demás acaba colapsando.
El deterioro también afecta a la prevención. El escándalo de los cribados de cáncer de mama sigue sin aclararse completamente. Miles de mujeres se vieron afectadas por retrasos en pruebas esenciales y asociaciones de pacientes han denunciado incluso fallecimientos vinculados a esos retrasos. Cinco meses después, muchas de esas mujeres siguen esperando explicaciones.
Sin embargo, mientras estas historias se acumulan, el gobierno andaluz parece más preocupado por el relato que por las soluciones. Un ejemplo llamativo lo hemos conocido recientemente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde la gerencia ofreció incentivos de productividad a jefes de servicio a cambio de divulgar casos de pacientes con final feliz.
En otras palabras: recompensas económicas por difundir historias positivas del hospital. No hay recursos suficientes para reforzar plantillas o reducir listas de espera, pero sí para mejorar la propaganda.
El contraste resulta aún más evidente si se observa el volumen de dinero público destinado a conciertos con la sanidad privada durante los últimos años. Bajo la gestión de Moreno Bonilla, miles de millones de euros han ido a parar a derivaciones a centros privados.
Y ni siquiera ese modelo parece estar funcionando correctamente. Cuatro anestesistas han denunciado recientemente que varios hospitales privados de Sevilla redujeron el número de especialistas en quirófanos, llegando a operar con menos médicos que salas disponibles.
Es decir, el sistema público se debilita mientras el modelo privado tampoco garantiza mejores condiciones. En este contexto resulta especialmente revelador que el Gobierno andaluz haya decidido guardar en un cajón la Iniciativa Legislativa Popular para mejorar la sanidad pública. Una iniciativa respaldada por cientos de miles de ciudadanos y que incluso fue aprobada en el Parlamento andaluz. Hoy sigue sin aplicarse.
Gobernar implica decidir prioridades. Y durante estos años el Gobierno de Moreno Bonilla ha tomado decisiones que han debilitado la sanidad pública andaluza. Las consecuencias no son abstractas. Se traducen en diagnósticos tardíos, en pruebas que llegan demasiado tarde, en pacientes que esperan meses para ser atendidos. En sanidad, cada semana cuenta. Cada mes puede marcar la diferencia entre detectar un tumor a tiempo o descubrirlo cuando ya es demasiado tarde.
Los datos de mortalidad también deberían encender todas las alarmas. Según cifras recientes, Andalucía registra 871 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, una tasa un 11,6% superior a la media nacional. En 2025 murieron 75.686 personas, un 3,1% más que el año anterior.
Nadie puede afirmar que cada una de esas muertes tenga una causa directa en una decisión política concreta. Pero sí es evidente que cuando un sistema sanitario se deteriora fallan tres pilares esenciales: la prevención, el diagnóstico precoz y la continuidad asistencial. Y cuando esas tres fases fallan de forma sostenida, las consecuencias acaban reflejándose en las estadísticas.
Moreno Bonilla puede seguir recorriendo platós de televisión y participando en programas de entretenimiento. Pero ninguna estrategia de comunicación puede ocultar lo que ocurre cada día en las salas de espera de la sanidad pública andaluza.
La propaganda puede maquillar los problemas durante un tiempo. Pero no reduce listas de espera. No adelanta diagnósticos. Y no salva vidas. Y cuando la sanidad pública falla, quienes pagan el precio son los ciudadanos. A veces con meses de espera. A veces con diagnósticos tardíos. Y, en demasiadas ocasiones, con consecuencias irreversibles.
